Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas anunció que se proporcionarán patios contenedores en el puerto de Buenaventura como medida para mitigar los problemas del sector transportador. La próxima semana la Supertransporte realizará visitas a las navieras para revisar la recolección de contenedores.“Instalamos el PMU y tanto el MinTransporte como la Supertransporte están articulados en Buenaventura. Hoy se avanzó en compromisos de patios de contenedores para el fin de semana pero la próxima semana debemos avanzar en medidas estructurales. También estamos concertando acciones con la Dian y la Dimar”, indicó la jefa de cartera a través de su cuenta de X.Estas medidas se dan en el marco de los problemas que enfrenta la operación logística en el puerto de Buenaventura, pues según advertencias de los gremios del transporte de carga, la devolución de los contenedores fallas en el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC) y cierres viales simultáneos tienen en jaque la operación del sector de transporte de carga.“Buenaventura se ha convertido en un hub de residuos de contenedores vacíos. Las navieras no los retiran porque los costos de mantenerlos aquí son muy bajos”, aseguró Cuervo.Se espera que en la reunión se tomen más decisiones con el fin de solucionar las problemáticas que enfrenta el gremio transportador en términos de tiempos, seguridad y garantías.
Recientemente la Dirección Marítima de Colombia (Dimar) decidió acreditar a Puerto Antioquia como un lugar seguro, en un certificado de obligatorio cumplimiento para los puertos que atienden el tráfico internacional. Expertos aseguran que esta decisión marca un hito en el proceso para que el megaproyecto entre en operaciones de comercio.Lo que se ha conocido es que el documento de la Dimar acreditó a Puerto Antioquia porque ha implementado de manera efectiva los planes, proyectos, procedimientos, controles y capacitación del personal, garantizando la seguridad necesaria para la operación marítima y portuaria.El presidente de Puerto Antioquia, Alejandro Costa, destacó que con este certificado también se está destacando que hay condiciones adecuadas para las embarcaciones, la carga y las personas que intervendrán de una manera u otra en el puerto."El real significado es que llevamos más de un año preparando las competencias de la región para asegurar que podamos tener un puerto de nivel 1 manejado, operado y dirigido por personal de la región. Se pueden lograr cosas si hay dedicación, inversión y si hay capacidad de desarrollo del talento humano", aseguró.También destacó Costa que la decisión de la Dirección Marítima de Colombia es un voto de confianza y una demostración que el Urabá antioqueño y en especial el municipio de Turbo pueden ser trascendentales para el desarrollo de la subregión que ahora tendrá una mirada nacional e internacional.Puerto Antioquia, en medio de la celebración por este nuevo hito que los acerca a la operación, indicó que con la certificación también queda demostrado que cada nave y cada mercancía que lleguen al departamento serán recibidas con los más altos estándares de seguridad y eficiencia.
La Superintendencia de Sociedades anunció el inicio de la liquidación judicial de Ultra Air luego de que la compañía enviara un documento advirtiendo que su negocio es inviable y no vale la pena seguir aumentando las deudas.El relato que la aerolínea hizo a la entidad de su situacióna actual es crítico. Casi todos los contratos y relaciones comerciales con sus proveedores estratégicos terminaron o están a punto de terminar. Por ejemplo, ya devolvieron las oficinas y los counters en los aeropuertos, regresaron los 6 aviones que todavía tenían a sus dueños en los Estados Unidos y para completar ya no tienen personal técnico que sea capaz de operar ningún vuelo.“En comunicación del 5 de junio de 2023, la concursada declaró no tener los recursos necesarios para el reinicio de operaciones, aun con los esfuerzos realizados para cerrar un acuerdo con los inversionistas”, indican los documentos del expediente.Ultra Air esperaba lograr un acuerdo con nuevos inversionistas pero finalmente eso no fue posible y sus accionistas le advirtieron a la Supersociedades que sus pasivos siguen creciendo y no es convenciente mantener esa situación “para un negocio inviable”“En la Superintendencia estamos atentos para adoptar oportunamente las decisiones que busquen la recuperación de las empresas viables, así como su liquidación pronta y ordenada con el fin de proteger a los trabajadores y acreedores, procurando que los bienes de los deudores continúen agregando valor dentro de la economía colombiana”, agregó el superintendente de sociedades, Billy Escobar.Le puede interesar:
La Superintendencia de Sociedad informó que la sociedad Fast Colombia S.A.S. (Viva Air) ha quedado en estado de liquidación y en adelante, para todos los efectos legales, deberá anunciarse siempre como “en liquidación judicial”.Todo esto después de haber terminado el proceso de reorganización empresarial y en esta nueva etapa Viva no podrá más ejercer sus funciones de administradores, órganos sociales y de fiscalización, en caso de que existiesen.En el proceso de liquidación judicial los administradores, exadministradores, asociados y controlantes no podrán realizar operaciones en desarrollo de la actividad comercial, esto debido que a que esta figura solo permite desarrollar los actos necesarios relacionados a la inmediata liquidación del patrimonio.“Sin perjuicio de aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos. Los actos celebrados en contravención a lo anteriormente dispuesto serán ineficaces de pleno derecho”, se lee en el auto publicado por la Superintendencia.Le puede interesar:
Solamente el 1 % de las frecuencias semanales que estaban a cargo de Ultra y Viva Air se recuperaron en mayo, en comparación con abril, siendo un total de 35; esa fue la conclusión a la que llegó Anato, basados en los datos de ProColombia.Si se mira las cifras en un mapa la región Caribe, recuperó el 4 % y la Andina el 0,2 %; pero en relación con la Pacífica, perdió un 2 %. Así, si se compara el mes de mayo 2023 con el 2022 se 865 frecuencias menos, lo que equivale a una caída del 15 %, donde dentro de las regiones del país. El Caribe tuvo una disminución del 27 % en el número de frecuencias semanales directas; la Pacífica, del 19 %; y la Andina, del 11 %.Todo esto se explica por la suspensión de la operación de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air que afectó los pasajeros, las Agencias de Viajes, y la industria turística.“En la medida en que Colombia esté bien conectada, más oportunidades adquiere el país, pero no solo en materia turística sino económica, pues tener una amplia red de rutas y frecuencias también aportan al desarrollo y crecimiento de diferentes sectores y a la integración de todo el territorio. Esto, sumado a que, en algunas de nuestras regiones, es la única manera de acceso”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.Estas cifras implican un retroceso en el avance que había tenido el sector después del duro golpe que propinó la pandemia y el cierre de los cielos por varios meses. Las cifras de conectividad mejoraron, pero tras la quiebra de dos aerolíneas de bajo costo, la situación empeoró.“Esto indica que aún estamos por debajo de lo reportado hace un año y por eso se hace imprescindible acelerar la inclusión de nuevas aerolíneas en el país, con una previa verificación o análisis de su músculo financiero. Esto permitirá que las Agencias de Viajes tengan mayores alternativas para los consumidores, y de esta forma, mayor desarrollo y visibilidad de la riqueza natural, arquitectónica, gastronómica, patrimonial de nuestros destinos”, comentó Cortés.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
La Superintendencia de Sociedades admitió la reorganización empresarial a Viva Air (Fast Colombia S.A.S) casi tres meses después de la suspensión de las operaciones de la aerolínea de bajo costo y cuando la propia compañía está poniendo en duda su capacidad de operar nuevamente.Sin embargo, desde la Superintendencia de Sociedades, aseguraron que se cumplieron todos los tiempos reglamentarios y los pasos previos antes de dar el anuncioSegún el expediente, Viva Air remitió sus estados financieros sin auditar por parte del revisor fiscal y, además, le informó a las Supersociedades que aunque había llegado a un acuerdo con el 80 % de sus acreedores el pasado 10 de mayo no está en capacidad de cumplirlo porque ese acuerdo dependía de que se concretara su fusión con Avianca y eso finalmente no ocurrió.Avianca decidió desistir de la integración con Viva Air en el mismo grupo económico, argumentando que las condiciones de mercado habían cambiado."Por lo anterior, la compañía no se encuentra en condiciones de cumplir dicho acuerdo, comprometiendo la capacidad para atender sus obligaciones y retomar sus operaciones", dijo la Viva Air en una carta enviada a Supersociedades el 26 de mayo.A partir de esta decisión de la Supersociedades tanto los pasajeros como las empresas afectadas por la situación de Viva, pueden presentar formalmente sus reclamaciones y lo harán ante Ricardo de Jesús Tamayo, quien va a ejercer como promotor de este acuerdo, en un intento por tratar de salvar a la compañía.Los problemas económicos que tiene Viva Air con sus empleadosLa crisis de Viva Air cada día está peor. Los cerca de 700 empleados que quedan en la aerolínea recibieron una comunicación interna de la empresa en la que les indican que este 31 de mayo no se les harán los pagos ni de nómina, ni de pólizas especiales de salud y, además, será liquidado el fondo de empleados.Fue a través de un correo en que los empleados recibieron esta noticia por parte de Viva Air. Allí, la aerolínea aseguró que pese a todos los intentos no fue posible dar con los recursos para llevar a cabo estas operaciones.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, lamentó el anuncio de Avianca informando a la AerocivilCol que desiste de su solicitud de integración con la aerolínea bajo costo Viva Air. De igual forma, resaltaron el difícil momento que vive el sector turismo al perder dos aerolíneas en el primer semestre, haciendo referencia al mismo episodio con Ultra Air.Paula Cortes, presidenta de Anato, expresó su preocupación frente a este anunció.“Lamentamos la decisión de Avianca, son muchas las agencias de viaje que estaban esperanzadas en esta integración y poder lograr recuperar los dineros entregados a viva”, afirmó.Asimismo, Anato destacó que esperan una pronta recuperación y trabajar con el Gobierno nacional para buscar alternativas de cómo estás agencias van a recuperar los dineros entregados a Viva y responderle a los afectados.Por otro lado, aseguraron respetar las decisiones que llevaron a la aerolínea a dar un paso al costado en esta integración que se viene planeando desde hace varios meses.“Hacemos claridad que esto es una decisión de la aerolínea, única y exclusivamente basada en unos planteamientos de la autoridad aeronáutica, quien es la encargada de aceptar o no las integraciones en nuestro país”, destacó la presidenta Cortes.La mayor preocupación de los gremios hoteleros se encuentra en San Andrés, Viva Air llevaba 18 vuelos diarios al archipiélago desde diferentes destinos a nivel nacional que paulatinamente desde octubre del año pasado empezaron a cancelar hasta llegar a enero cuando salieron del mercado.Le puede interesar:
Determinar si las acciones de la Superintendencia de Transporte y la Aeronáutica Civil fueron “adecuadas” y “oportunas”, ese es el rol que anunció la Contraloría General de la Nación tomará frente a la crisis aérea que vive el país tras el cese de operaciones las dos aerolíneas de bajo costo, Viva Air y Ultra Air.“Estamos avanzando en la evaluación de las actuaciones, con el fin de determinar sus acciones fueron adecuadas, pero además si fueron oportunas”, dijo el contralor delegado para el sector de infraestructura, Luis Fernando Mejía.Para el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, este tema es muy importante y debe haber un control y exigencia ante a las actuaciones de estas empresas que tienen impacto en los usuarios.“Eso no tiene ninguna presentación de que los hechos hayan pasado y se vuelvan a presentar y que continúen sucediendo de manera recurrente. En particular con todo lo que tiene que ver con ventas, con expedición de tiquetes, con empresas que eventualmente se ha observado pueden entrar en sensación de paro porque tienen serias dificultades”, aseguró.Además, aseguraron que está investigación busca determinar si las decisiones tomadas fueron adecuadas para manejar la crisis área.“Si bien es cierto que estas empresas pueden tener carácter privado, lo que no se puede perder de vista es que están prestando un servicio público y que la afectación termina siendo pública. Nosotros no vamos a ser ajenos en la auditoría que se realice y observar las presuntas responsabilidades que puedan tener de los organismos de nivel nacional en el control que debieron haber hecho de manera oportuna para evitar que esto se causara en perjuicio de los usuarios del servicio de transporte aéreo en nuestro país”, afirmó.No se pierda: truco fácil con una moneda para saber si es necesario cambiar las llantas del carro
La Aeronáutica Civil informó esta mañana que dio luz verde a la solicitud de integración empresarial presentada por Avianca S.A., Viva Air y Viva Air Perú, aunque con ciertas condiciones. La aprobación, informó el organismo mediante un comunicado, se dio mediante la resolución 00815 del 25 de abril de 2023.Esto, según informó la Aeronáutica Civil, luego de haber resuelto los recursos presentados por las aerolíneas Avianca, Viva, Wingo, Ultra Air y Jetsmart, y la solicitud de la Procuraduría General de la Nación.Condiciones para integración entre Avianca y Viva AirEntre las principales condiciones para aprobar la integración están:Respetar los derechos de los usuarios de Viva Air, reembolsando los tiquetes de vuelos cancelados y permitiendo a quienes tienen reservas pendientes de ejecutar volar sin problemas.Devolver los slots tanto en salidas como en llegadas, para garantizar condiciones de competencia en el Aeropuerto El Dorado.Mantener el esquema de bajo costo de Viva Air como una opción que materialice alternativas a los usuarios del servicio de transporte aéreo, especialmente en aquellas rutas atendidas solo por esa aerolínea.Devolver las frecuencias en la ruta Bogotá - Buenos Aires, sin afectar la oferta de sillas, abriendo la posibilidad a nuevos entrantes.Mantener un techo de tarifas efectivo en aquellas rutas donde el ente integrado queda con el 100% de participación e igualmente garantizar el dinamismo en las rutas objeto de mayor concentración."La dirección atendió la obligación legal de analizar y dar respuesta a todos y cada uno de los argumentos de los recurrentes, en un término de apenas trece (13) días hábiles después de radicados los referidos escritos, y corrió traslado del expediente y los recursos de apelación a la Secretaría de Autoridad Aeronáutica para que resuelva la segunda instancia de la citada solicitud conforme a la normativa aplicable", dice la Aerocivil en un comunicado.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".