Tres días después de las elecciones regionales, se extienden por el país las alteraciones de orden público ocasionadas por grupos de personas inconformes con los resultados, supuestamente porque según dicen, se habría cometido fraude.
En las últimas horas, los manifestantes enardecidos incendiaron una biblioteca en La Jagua del Pilar, La Guajira, quemaron un kiosko de un colegio en Valencia, Córdoba y quemaron la alcaldía de San Calixto, Norte de Santander, mientras que las autoridades locales tuvieron que decretar medidas excepcionales como toque de queda y restricciones a la circulación de algunos tipos de vehículos en Santa Marta, Ciénaga, Becerril, Aipe y Coello, entre otros.
Lo que hay detrás de este complicado panorama de orden público, que según la Defensoría del Pueblo se ha presentado en al menos 98 municipios de 24 departamentos, es la pugna por el poder local, específicamente por la definición de los nuevos alcaldes, en particular en los municipios en los que la diferencia de votos es muy reducida.
En materia política, la disputa más fuerte se produce alrededor de la alcaldía de Santa Marta, en donde hay un “cabeza a cabeza” entre Jorge Agudelo, candidato del exgobernador Carlos Caicedo, quien va liderando los resultados, frente a Carlos Pinedo Cuello, candidato que tiene el respaldo de los partidos políticos tradicionales. En este momento la diferencia entre los dos candidatos es de apenas 282 votos.
Desde la campaña de Pinedo Cuello están denunciando presuntas irregularidades y alteraciones en los formularios E-14 para favorecer al candidato del Clan Caicedo, ante lo cual, el partido Liberal, la Nueva Fuerza Democrática y el partido Creemos piden al poder electoral y a los observadores internacionales, que brinden todas las garantías para evitar fraude, sumado a que están solicitando el recuento de toda la votación.
El exgobernador Carlos Caicedo anoche pidió una misión de observación internacional para garantizar los resultados, al tiempo que aseguró que una eventual victoria de Pinedo Cuello favorecería la creación de “un bloque de alcaldes de derechas para oponerse al gobierno nacional”.
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Ante esta muy delicada situación, brillan por su ausencia las decisiones y anuncios por parte de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral y del Ministerio de Defensa para el manejo de esta explosiva mezcla de pasiones políticas, denuncias de fraude y multitudes enardecidas.
A los directores de los partidos y movimientos políticos es clave pedirles que de manera pública les pidan a sus candidatos y a sus seguidores que se abstengan de usar la violencia como mecanismo para hacer reclamaciones electorales y a quienes queman votos, edificios, alcaldías y otros, recordarles que están cometiendo delitos y que deben respetar los canales de la democracia para hacer sus reclamos, a través de los mecanismos legales correspondientes.
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