La investigación penal que ha causado máxima tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petroy la Fiscalía al mando de Francisco Barbosa, tiene su origen en los comprometedores audios que envió el ahora nuevo embajador ante la FAO en Roma, Armando Benedetti a la exjefa de gabinete Laura Sarabia, en los que habla de posibles actos de corrupción durante la campaña presidencial de 2022 y que en su momento generó el despido de los dos funcionarios, hoy reenganchados por el presidente.
El nueve de junio de 2023, el fiscal general Francisco Barbosa firmó una resolución en la que divide en dos partes, la investigación para determinar la veracidad de lo dicho por Benedetti en los audios enviados a Sarabia, en los que entre otras cosas amenazó con contar todo lo que sabe y dijo que si eso llegara a pasar, “todos nos vamos presos”, en particular en torno a las posibles irregularidades en la financiación de la campaña.
La primera parte de la investigación, relacionada con los altos funcionarios del Estado aforados, fue asignada por el Fiscal Barbosa a Gabriel Jaimes Durán, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, en cuyo despacho están las investigaciones contra Armando Benedetti y entre otros, contra Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña Petro Presidente 2022. El despacho de Jaimes se ha concentrado en determinar si fue o no irregular la donación de 500 millones de pesos de Fecode a la campaña. Hasta este momento, Ricardo Roa, quien hoy es presidente de Ecopetrol, no ha sido llamado a interrogatorio, lo cual indicaría que el proceso en su contra todavía está en una etapa preliminar.
La segunda parte de la investigación, que en teoría debería recaer sobre las personas particulares y funcionarios no aforados, como Ricardo Roa, fue asumida por orden del fiscal Francisco Barbosa, por Elkin Javier Ardila un destacado y curtido fiscal adscrito a la Unidad Anticorrupción, experto en delitos electorales.
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La clave del futuro de las decisiones que adopte la Fiscalía en este caso estará en determinar si hay irregularidades en las cuentas de campaña o en las finanzas personales de Ricardo Roa, algo que tendrá que ser analizado muy detallada y juiciosamente, una vez se logre tener definida la estructura contable de la campaña y la información bancaria solicitada a las entidades financieras. De eso depende el siguiente paso de los investigadores que inevitablemente debe ir en dos sentidos: o imputar cargos contra Ricardo Roa, o archivar las investigaciones.
Lo complicado del asunto es que por cuenta de las versiones que comenzaron a correr desde el viernes de la semana pasada en torno a una supuesta imputación contra Ricardo Roa, el presidente Gustavo Petro convocó a sus simpatizantes a manifestaciones para enfrentar lo que él llamó una “ruptura institucional”, marchas que fueron citadas para el jueves 8 de febrero, el mismo día que se reúne la Corte Suprema para intentar elegir fiscal general, lo que ha generado malestar entre un número importante de magistrados que consideran que se trata de presiones indebidas y que hace que no haya condiciones para la elección, escenario que nos lleva a que hoy exista una alta probabilidad de que Martha Mancera, graduada como enemiga por parte del presidente Gustavo Petro y su gobierno, deba asumir temporalmente como fiscal general de la Nación a partir del próximo 14 de febrero. Es decir, que hay una alta probabilidad de que con la estrategia de intentar presionar en las calles a la Corte para la pronta elección del reemplazo de Francisco Barbosa, al petrismo, como reza el dicho popular, “le salga el tiro por la culata”.
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