A escasos tres días de las elecciones legislativas y de las tres consultas presidenciales, están corriendo por tierra, mar y aire, chorros de dinero en efectivo, muy seguramente para la delictiva práctica de la compra de votos.
La Policía reportó anoche que hasta el momento se ha incautado de 1.491 millones de pesos en “cash”, con 16 personas detenidas, de las cuales 12 quedaron en libertad, una fue cobijada con medida de aseguramiento y otras tres personas todavía están en audiencia.
Además de la incautación de 145 millones de pesos a un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes Jaime Luis Lacouture en La Guajira y de 430 millones de pesos a un exconcejal de Montelíbano en carreteras de Córdoba, se suman la incautación de 212 millones en Antioquia, 110 millones en Santander, 57 millones en Villavicencio, 162 millones en Buenaventura, 243 millones en Puerto Triunfo, 100 millones en Mapiripán y 27 millones en Cúcuta.
Ante los hechos ocurridos en La Guajira, la Unidad Nacional de Protección emitió una circular en la que les recuerda a los escoltas adscritos a esa dependencia que está prohibido que participen directa o indirectamente en actividades proselitistas y el transporte de material no autorizado.
Pero mientras las amenazas reales al proceso electoral del próximo domingo se concentran en los ataques de grupos armados y la compra de votos, el presidente Gustavo Petro continúa con la estrategia de sembrar dudas sobre el proceso de escrutinio, el software y el famoso e ignoto código fuente.
El Pacto Histórico, partido del presidente Petro, retomó su discurso sembrando dudas sobre el proceso de escrutinio y preconteo, anunciando a través del representante a la Cámara Alirio Uribe que para despejar esas dudas, ellos tendrán su “propia Registraduría”. Por su parte, el exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez dijo que el petrismo no está cantando fraude sino previniéndolo.
Desde las instituciones hay unanimidad cerrando filas para enviar un mensaje de confianza para que los colombianos vayamos a las urnas el próximo domingo: el registrador nacional Hernán Penagos abrió la puerta a una auditoría forense de los resultados, pidió que no lleguemos al discurso extremista que termine causando la muerte de personas, mientras que el Procurador Gregorio Eljach y el Contralor Carlos Hernán Rodríguez coincidieron en señalar que no hay indicios de fraude y que están dadas todas las garantías.
La necesidad de blindar las elecciones llega al punto de que la Corte Suprema de Justicia invitó al Registrador, al Procurador y al Contralor General, para escuchar lo que han venido adelantando desde su competencias sobre todo el proceso electoral del 8 de marzo.