Reforma a la justicia del presidente Petro por ahora se queda en anuncios

El fin de semana pasado, a pocos días de terminar el año, el presidente Gustavo Petro revivió a través de sus redes sociales, el anuncio que había hecho hace desde hace por lo menos 4 meses, sobre un nuevo proyecto de reforma a la justicia que su Gobierno llevaría al Congreso.

Petro revivió esta idea con base en una columna de opinión en la que se acusa al fiscal general, Francisco Barbosa, de manipular el método de medición de esclarecimiento de delitos para mostrar buenos resultados, sobre la que el presidente diagnosticó una “ineficiencia muy profunda de la justicia penal que es la causa de la percepción de inseguridad en el país” y anticipó que su proyecto de reforma a la justicia buscará esclarecer la verdad y reparar a las víctimas, por encima de la “oleada punitivista”.

En ese mismo mensaje, el presidente aseguró que una de las causas de los altos índices de impunidad en Colombia es “la indudable penetración de grupos criminales dentro del Estado”, retomando sin mencionar directamente al fiscal Francisco Barbosa y a la vicefiscal Martha Mancera, las acusaciones que ha hecho en su contra sobre posible omisión a favor de reconocidos delincuentes en Buenaventura.

Este anuncio del presidente no es nuevo: el 14 de agosto, el primero de septiembre y el 18 de octubre de este año, Petro ya había hecho referencia a su reforma a la justicia, que relacionó con la elección del próximo fiscal general, que a propósito fue aplazada para el próximo año por la Corte Suprema, con la posibilidad de que en caso de que ninguna de las tres aspirantes alcance pronto los 16 votos mínimos necesarios, Martha Mancera, vicefiscal general de Francisco Barbosa y quien ha estado en la mira de las críticas del presidente Petro tras la detención de su hijo Nicolás por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, asuma temporalmente como fiscal general a partir del próximo 13 de febrero.

Llaman la atención varias cosas del proyecto de reforma a la justicia anunciado por cuarta vez por el presidente el pasado fin de semana: desde agosto ordenó la creación de una comisión de expertos para discutir los alcances de la iniciativa y hasta este momento, esa orden no se ha cumplido por parte del Ministro de Justicia; no se ha conocido una socialización suficiente con las altas cortes y en general con la rama judicial para escuchar su punto de vista frente a la reforma y sobre todo, existe un ambiente por decir lo menos enrarecido entre Petro y las Altas Cortes, por decisiones judiciales recientes que han sido adversas a su gobierno y que el jefe de Estado ha criticado abiertamente, sumado esto a una idea que cayó muy mal en el Palacio de Justicia frente a la posibilidad de recortar el presupuesto de la rama judicial para el 2024, tras un fallo de la Corte Constitucional.

A esto hay que agregarle el difícil panorama político que afrontan las reformas presentadas por el Gobierno al Congreso de la República, en donde 10 meses después de radicada, la polémica reforma a la salud apenas ha surtido la mitad de los 4 debates que necesita para ser ley ordinaria, lo cual hace improbable en la práctica que a falta de dos terceras partes del mandato de Gustavo Petro, salga adelante una reforma a la justicia que por tratarse de una reforma constitucional, debe surtir ocho debates para ver la luz.