A pocos días de finalizar su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico radicaron un paquete de proyectos de ley en el Congreso de la República. La estrategia busca medir las posturas políticas frente a los derechos adquiridos y dejar sentado el legado progresista mediante iniciativas resucitadas y nuevas regulaciones clave.
"Este proyecto del Pacto Histórico no va a renunciar a sus compromisos programáticos y vamos a seguir luchando por las reformas. Vamos a colocar en el debate y vamos a conocer cuáles van a ser la postura del nuevo gobierno, si realmente va a respetar los derechos adquiridos." Añadió el representante a la Cámara, Gabriel Becerra.
Los proyectos que fueron presentados ya han sido llevados anteriormente al Congreso, pero se han quedado en los debates. Los proyectos son:
Reforma a la Salud (Ministerio de Salud):
El Gobierno vuelve a radicar la Reforma a la Salud insistiendo en eliminar la intermediación financiera de las EPS, prohibir la integración vertical y garantizar el giro directo de recursos a clínicas y hospitales. Además, reafirma la transición hacia un modelo preventivo y de atención primaria descentralizada.
#COMUNICADO | #ElPactoLegislaPorLaVida
— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) July 20, 2026
La Bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República seguirá legislando al lado del pueblo para que las transformaciones que
Colombia inició continúen avanzando y para que los derechos de las mayorías sigan siendo el centro de la… pic.twitter.com/wePsjqTo0r
"Nosotros vamos a seguir insistiendo en esos puntos que nos parecen fundamentales... Que no iban a recibir recursos, no iban a administrar recursos y que no iba a haber integración vertical. El giro directo llega directamente a quien prestó el servicio y eso mejora sustancialmente la posibilidad de que hospitales y clínicas puedan tener recursos claros", mencionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Estatuto del Trabajo y Salario Vital (Ministerio del Trabajo)
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La propuesta introduce el concepto de "salario vital" para sustituir progresivamente el salario mínimo tradicional, de modo que la remuneración no se fije únicamente por índices de inflación, sino por el costo real de una canasta de vida digna para el trabajador y su núcleo familiar. Además, consolida garantías de estabilización laboral, recargos y protección colectiva.
"Se trata de una iniciativa que tiene que ver con un estatuto del trabajo que es una promesa incumplida consagrada en el artículo 53 de la Constitución. Un estatuto que profundice en derechos y que incorpore el salario vital que sustituya el viejo y mezquino salario mínimo por un salario que garantice las condiciones de vida dignas", indicó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino
Educación Superior como Derecho Fundamental (Ministerio de Educación)
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El Gobierno dio a la bancada del Pacto Histórico la reforma integral a la Ley 30 de 1992 para consagrar la educación superior como un derecho fundamental y no como un servicio comercial.
La norma cambia la fórmula de financiación estatal para garantizar giros presupuestales permanentes que aumenten la infraestructura, amplíen la cobertura gratuita en regiones históricamente apartadas y fortalezcan la autonomía y la democracia interna en los claustros públicos.
"Es la reforma integral que eleva el carácter de derecho fundamental a la educación superior, genera mayores condiciones de bienestar y democracia en las universidades y traza la ruta de cambio para que las universidades públicas sigan creciendo", agregó Daniel Rojas, ministro de Educación.
Reforma Tributaria Progresiva (Ministerio de Hacienda)
El paquete fiscal radicado plantea una reestructuración bajo el principio de progresividad tributaria: que las personas y empresas con mayores ingresos paguen una proporción más alta. La norma endurece las penas y herramientas administrativas contra la evasión e elusión fiscal, con el objetivo de recaudar los fondos requeridos para sostener el gasto social y financiar las reformas vigentes.
Jurisdicción Agraria (Ministerios de Agricultura y Justicia)
El Gobierno insiste en la creación de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria tras el bloqueo sufrido en la pasada legislatura. El objetivo es estructurar jueces y tribunales especializados que resuelvan de forma rápida e imparcial los conflictos de tierras en el país, garantizando la democratización del campo y la protección de los campesinos.
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Ley de Gestión Comunitaria del Agua (Ministerio de Vivienda)
Este proyecto de ley otorga reconocimiento jurídico, protección patrimonial y alivios regulatorios a los acueductos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales que administran el agua en zonas rurales y periurbanas. La medida busca desmonopolizar la prestación del servicio, asegurar subsidios estatales directos para estas redes comunitarias y priorizar la conservación de las cuencas hídricas bajo un enfoque de derecho humano fundamental de acceso al agua potable.
Prohibición del Fracking (Ministerios de Ambiente y Minas)
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Esta iniciativa busca prohibir expresamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante yacimientos no convencionales y técnicas como el fracking, puesto que el gobierno saliente señala que estas prácticas representan una amenaza irreversible para las fuentes de agua subterránea, aumentan el riesgo sísmico en regiones vulnerables y contradicen los compromisos del país en materia de transición energética y mitigación del cambio climático.
Regulación Ética de la Inteligencia Artificial (Ministerio de Ciencias)
Y por último, el Ministerio de Ciencias reexpide la norma para regular el desarrollo de la Inteligencia Artificial bajo un marco estricto de derechos humanos. El proyecto busca estructurar soberanía de datos, infraestructura técnica, Data Centers y proteger a los ciudadanos en una época donde los algoritmos moldean la opinión pública.
"Hoy lo hemos vuelto a radicar porque es un tema fundamental que define el desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación... Para que su adopción y adaptabilidad a la sociedad colombiana se garantice en el marco de los derechos humanos y la soberanía nacional de datos", Yesenia Olaya, ministra de Ciencias.
Con la radicación completa de este paquete legislativo, el destino de estas ocho iniciativas queda ahora en manos del nuevo Congreso de la República, que deberá definir el trámite y la viabilidad técnica de cada proyecto en las distintas comisiones.
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