Veeduría exige mayor transparencia en los avales políticos

La Veeduría Nacional por la Verdad y la Justicia, encabezada por el exjuez de la República Luis Miguel Marimón, solicitó al Partido Conservador retirar el aval otorgado al político antioqueño Juan Diego Gómez, quien ha sido mencionado en las investigaciones relacionadas con el denominado caso “Papa Pitufo”.El organismo ciudadano pidió que se actúe con responsabilidad y transparencia frente a las candidaturas cuestionadas, advirtiendo que mantener estos avales afecta la confianza ciudadana en los partidos.La Veeduría también exhortó a la Fiscalía General de la Nación a agilizar las indagaciones para esclarecer, antes de las elecciones, si Gómez tiene o no responsabilidades que puedan comprometer su aspiración política. “Le pedimos al Partido Conservador que revoque el aval a los candidatos investigados, hasta tanto se aclare por las autoridades sus actuaciones”, señaló Marimón.El veedor recordó que la Corte Constitucional ha sido clara al establecer que los partidos tienen una responsabilidad especial en la selección de sus candidatos, dado que los avales constituyen un acto de función pública en sentido material. “Estas decisiones deben regirse por criterios de idoneidad, integridad y transparencia”, enfatizó.La Veeduría anunció que acompañará a las autoridades electorales en un recorrido nacional para hacer seguimiento a las inscripciones y avales entregados por los partidos y movimientos políticos.Su propósito será promover una cultura de previsibilidad, ética y rendición de cuentas, especialmente frente a quienes aspiran a ocupar cargos públicos pese a estar bajo la lupa de las autoridades judiciales.Colombia, recordó el organismo, ha desarrollado una arquitectura institucional para impedir que los partidos conviertan los cargos de elección popular en refugio de investigados o instrumentos de poder sin control.Entre esas herramientas se destaca la figura de la “silla vacía”, inicialmente creada para sancionar delitos vinculados con grupos armados, narcotráfico y corrupción en el ejercicio del cargo, conforme a la Ley 1475 de 2011 y a lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia C-303 de 2010.