En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó una denuncia a través de su cuenta de X en la que expuso los gastos oficiales de los viajes internacionales que ha realizado el Presidente Gustavo Petro durante todo su gobierno y con fecha de corte el pasado mes de noviembre.En total, la senadora expuso que se han invertido más de $20.000 millones en más de 58 viajes, el equivalente a más de $2 millones de dólares.Los gastos fueron divididos en diferentes apartados. Primeramente, la congresista enseñó los gastos de alojamiento, transporte y alimentación del Presidente, el cual es de un total de $22.128 millones de pesos colombianos o $5,6 millones de dólares.Las cifras se dividen en $82.018,22 dólares de alojamientos (aproximadamente $309 millones), $2.434.206,72 dólares de transporte (aproximadamente $9.000 mil millones) y 80.463,41 dólares en alimentación (aproximadamente $303 millones).En cuanto a gastos de combustible para el avión presidencial, la suma supera los 12 mil millones de pesos ($12.001.819.476). Adicionalmente, la cantidad de CO₂ emitida durante estos trayectos ha sido de 4.289,03 toneladas de dióxido de carbono.La senadora también comentó que Petro habría hecho más de un viaje cada tres semanas, siendo, según ella, el presidente que más viajes internacionales ha realizado.Por: Sebastián Martinelli
En una extensa entrevista radial, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa confirmó oficialmente que irá a la contienda por la Presidencia de la República y que participará en la consulta de la centro-derecha. A lo largo del diálogo, Peñalosa expuso con claridad sus diferencias ideológicas con el gobierno actual y con el senador Iván Cepeda, a quien asocia directamente con el proyecto político de Gustavo Petro.“Totalmente. Claro que sí”, respondió Peñalosa cuando se le preguntó si finalmente aspirará a la Presidencia. Sin embargo, enfatizó que más allá de su candidatura personal, lo fundamental es que “va a salir solo un candidato de este lado para enfrentar a Cepeda”, buscando transmitir tranquilidad a los votantes que se oponen al actual rumbo del país.El exalcalde fue crítico con algunos de sus posibles competidores dentro de la coalición, al señalar que Colombia necesita un candidato “con una hoja de vida de verdad, de servicio al país” y con mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta. Aunque aclaró que respetará el resultado de la consulta, manifestó que, de tener que elegir, considera que Sergio Fajardo es una mejor opción que Abelardo de la Espriella.Uno de los ejes centrales de su discurso fue la economía y la migración. Peñalosa alertó que en los últimos años “casi un millón cuatrocientos mil colombianos se han ido del país”, principalmente en busca de mejores ingresos. “Claramente no se han ido para Cuba o Venezuela… se van a países donde hay un ambiente favorable a la inversión privada”, afirmó, defendiendo un modelo económico basado en la participación empresarial.En ese sentido, criticó duramente la oposición del petrismo a sectores como la minería y la infraestructura. Puso como ejemplo el caso de la mina de cobre de Quebradona, en Antioquia, que —según dijo— podría generar más de 700.000 millones de pesos anuales para el Estado. “Con esos recursos se pueden hacer carreteras, vivienda y fortalecer la seguridad”, sostuvo, cuestionando que proyectos estratégicos estén bloqueados por razones ideológicas.Peñalosa también apeló a su experiencia como alcalde de Bogotá para contrastarse con Petro. “Yo ya recibí a Petro y recibí un desastre en la salud y en seguridad, y lo arreglamos”, afirmó, recordando la reducción de homicidios y el desmantelamiento de zonas criminales como el Bronx. Acusó además al petrismo de promover el odio y el populismo: “Todos los populistas de la historia siempre promueven el odio”, dijo, al tiempo que defendió el papel de los empresarios en el desarrollo del país.Para cerrar, Peñalosa resumió en tres razones por qué considera que debe ser elegido en la consulta: resultados comprobados, seguridad con carácter y mayor inversión para generar progreso. “Peñalosa ha demostrado que produce resultados que le mejoran de verdad la vida a los ciudadanos”, afirmó, citando como ejemplo a TransMilenio, que calificó como un proyecto que “construye igualdad”.
La estructura política sigue siendo determinante para llegar al Senado de la República. Así lo revela un análisis de Sonar, una herramienta de seguimiento a la rama ejecutiva y legislativa de la agencia Orza.El estudio evaluó entre 21 y 25 candidatos por partido o coalición, con opciones reales o parciales de elección, para un total de 204 aspirantes en nueve listas distintas. Cada candidato fue clasificado según su experiencia previa y el tipo de candidatura: de opinión, mixta o de maquinaria.Juliana Ocampo, socia de la agencia Orza, explicó que actualmente el 85 % de los curules en el Congreso están ocupados por siete partidos políticos, por lo que después del análisis estadísticos entre los votos disponibles y los escaños existentes se desprenden los resultados, tomando en cuenta los líderes locales que impulsan votación, alcaldes, concejales y diputados.Los resultados muestran que el 77% de los candidatos analizados están ligados a estructuras políticas.Además, 6 de cada 10 aspirantes cuentan con experiencia legislativa directa o reciente.Pero vayamos a los números. Según este análisis, el Pacto Histórico tendría una curul menos, al pasar de 20 a 19, el Centro Democrático subiría 6 y pasaría de 13 a 19 curules.El partido Conservador pasaría de 15 a 14, el Partido Liberal se mantendría en 14, Cambio Radical bajaría de 11 a 9, a la Alianza Verde-En Marcha le iría peor, pasaría de 13 a 8, Partido de La U de 10 a 8, Mira y Nuevo Liberalismo aumentaría de 4 a 5, mientras que Comunes quedaría sin ninguno.
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, proyectaron este domingo un mensaje de avances hacia la paz tras reunirse durante más de tres horas en Florida, aunque no cerraron el pacto y persisten "cuestiones espinosas" por resolver.El encuentro, que tuvo lugar en la residencia de Mar-a-Lago (Florida) de Trump, llegó después de una llamada entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del gobierno de Trump.A pesar de que ambos líderes insistieron en que más del "95%", del plan de paz de 20 puntos, está resuelto. El presidente Trump reconoció que aún quedan cuestiones "espinosas" por resolver, incluyendo el futuro de la región del Donbás o un cese al fuego.En una rueda de prensa tras la reunión, en la que intervinieron también varios líderes europeos, los líderes adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear "grupos de trabajo" compuesto por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas".Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó hoy que sostuvo una llamada de una hora con Trump y Zelenski, junto a otros líderes europeos, para analizar "el estado de las negociaciones de paz", según indicó la funcionaria en su cuenta de la plataforma X.Von der Leyen señaló que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y con sus socios estadounidenses para consolidar ese progreso y subrayó que es fundamental contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día.El Kremlin, por su lado, indicó en un comunicado, que en la llamada de más de una hora de hoy con Trump, Putin "accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos".El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos -de acuerdo con las instrucciones de Zelenski- ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.Según Zelenski, Ucrania podría celebrar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. Celebrar las elecciones en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por todas las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto recientemente a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el gobierno ucraniano es ilegítimo.
El departamento de Antioquia sigue liderando la lista de personas quemadas con pólvora y, lo más preocupante, es que cada día la cifra aumenta de manera alarmante para las autoridades que ya tienen el registro de 136 lesionados con elementos pirotecnia o lo que sería lo mismo, 30 casos más o un 28,3 % de incremento en comparación con el año inmediatamente anterior.El reporte más reciente entregado por la Gobernación de Antioquia muestra que, de los 136 quemados: 13 personas han necesitado amputación, mientras que 41 menores de edad han resultado heridos. El municipio más afectado es Medellín con 61 reportes, seguido por Itagüí con 9 casos y Bello con 5 personas lesionadas.La secretaria de Salud de Antioquia, Martha Ramírez, alertó sobre el uso de pólvora teniendo en cuenta que se acerca una de las fechas en donde las personas suelen quemar más pólvora en el departamento."Sin duda, la noche del 31 de diciembre para amanecer del 1 de enero es el pico más alto, muy superior al 24 de diciembre. Eso nos preocupa. Y hay una población que de verdad está siendo muy vulnerable, son los jóvenes, entre catorce y diecisiete años. Están apropiando de una práctica peligrosa, jugar con voladores", destacó la funcionaria.Según las cifras entregadas por las autoridades departamentales, más de 80 personas han resultado quemadas con elementos pirotécnicos en el Valle de Aburrá, siendo la subregión antioqueña más golpeada por la problemática. Por su parte, aseguran desde Antioquia que las heridas más recurrentes son en la mano con 52 casos, seguido por lesiones en la cara con 26 reportes.Finalmente, hay que recordar que en el caso de la capital de Antioquia son 61 quemados con pólvora, es decir, 21 casos más si se tienen en cuenta los registros de 2024. Los datos de la Alcaldía Distrital dejan en evidencia que 18 personas necesitaron hospitalización, mientras que hay casi que un empate técnico, ya que 29 personas han resultado lesionadas por manipular pirotecnia y 28 casos sucedieron cuando la persona estaba como observador.
La decisión de Israel de reconocer formalmente a Somalilandia como Estado independiente activó una cadena de reacciones diplomáticas y políticas que van mucho más allá del Cuerno de África. Gobiernos, organizaciones regionales y actores armados se pronunciaron en contra o a favor de una medida que reabre un debate de más de tres décadas sobre soberanía, derecho internacional y equilibrios geopolíticos en una zona estratégica del mundo.La controversia no se limita a un desacuerdo bilateral. Involucra a Somalia, China, países árabes, actores armados respaldados por Irán y potencias occidentales, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente, el mar Rojo y el golfo de Adén.¿Qué es Somalilandia?Somalilandia es un territorio ubicado en el Cuerno de África, con salida al golfo de Adén y fronteras con Yibuti, Etiopía y la región somalí de Puntlandia. Tiene una superficie cercana a los 176.000 kilómetros cuadrados —similar a la de Uruguay— y una población estimada en 6,2 millones de habitantes para 2024. Su capital es Hargeisa.Aunque se autodenomina oficialmente República de Somalilandia, su reconocimiento internacional ha sido limitado. El territorio declaró su independencia en 1991, tras el colapso del Estado somalí y la caída del régimen de Siad Barre. Antes de eso, fue un protectorado británico que obtuvo su independencia el 26 de junio de 1960, antes de unirse voluntariamente a Somalia.Desde entonces, Somalilandia ha mantenido un gobierno propio y estructuras estatales separadas, pero para la comunidad internacional sigue siendo, en términos legales, parte de Somalia.¿Qué dice Somalia por el reconocimiento?El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, condenó el reconocimiento israelí y lo calificó como una “agresión ilegal” que, según afirmó, contraviene el derecho internacional. En un mensaje publicado en X, sostuvo que el acto de Israel constituye una injerencia en los asuntos internos de Somalia.Durante una sesión extraordinaria conjunta del Parlamento somalí, Mohamud reiteró que Somalilandia es una “parte integral” del país y aseguró que su gobierno está adoptando todas las medidas diplomáticas necesarias para defender la unidad nacional. Según el mandatario, el daño causado por la decisión israelí “no tiene precedentes”.Reacciones de la comunidad internacional a SomalilandiaEl Gobierno chino expresó su “grave preocupación” y su “firme oposición” al reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó en rueda de prensa que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Somalilandia es una parte inseparable del territorio somalí.Lin señaló que China apoya la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia y recalcó que la cuestión de Somalilandia es un asunto interno que debe resolverse conforme a la Constitución somalí y la voluntad de su población.La polémica también escaló al plano de la seguridad regional. Abdelmalek al Huti, líder de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen —grupo respaldado por Irán—, amenazó con atacar Somalilandia ante cualquier presencia israelí en ese territorio.En un discurso televisado, Al Huti declaró que su grupo consideraría “objetivo militar” cualquier presencia de Israel en Somalilandia y calificó el reconocimiento como una agresión contra Somalia y Yemen. Además, advirtió que la medida representa una amenaza para la seguridad del mar Rojo y el golfo de Adén, rutas clave para el comercio marítimo global.El líder hutí acusó a Israel de buscar un punto de apoyo estratégico para actividades hostiles en la región y vinculó el reconocimiento con lo que describió como planes más amplios para fragmentar países del área.La decisión israelí también fue rechazada por la Liga Árabe, que la calificó como un atentado contra la seguridad regional. Países como Turquía, Yibuti, Egipto y la Autoridad Palestina expresaron su oposición al reconocimiento.La Unión Europea llamó a respetar la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que Washington no seguiría el mismo camino que Israel, pese a la histórica alianza entre ambos países.
La tragedia vuelve a golpear al municipio de Rionegro, Santander, tras confirmarse el segundo caso de un menor fallecido por inmersión en menos de una semana, en medio de paseos familiares durante la temporada de vacaciones.El más reciente hecho se registró el fin de semana en la vereda El Cocal, zona rural de Rionegro, donde un niño de cinco años perdió la vida luego de caer a una piscina ubicada en una finca campestre del sector. De acuerdo con la información preliminar, el menor fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció.Este lamentable episodio se suma a otro ocurrido el pasado 25 de diciembre, cuando una niña de seis años murió ahogada en el balneario El Cristalito, ubicado sobre la vía que comunica a Rionegro con el municipio de El Playón. Según el reporte de la Policía de Santander, la emergencia se presentó hacia las 12:25 del mediodía y fue alertada mediante una llamada al cuadrante policial.En ese caso, la menor fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San Antonio de Rionegro, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. Un familiar indicó a las autoridades que la niña se encontraba en la piscina del balneario al momento del hecho.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos sucesos y reiteraron el llamado a padres y cuidadores para extremar las medidas de vigilancia y prevención en espacios acuáticos, especialmente durante paseos familiares y en temporada de vacaciones, con el fin de evitar nuevas tragedias.
En Colombia, la expectativa por el rumbo del sistema de salud sigue latente tras el hundimiento de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, que prometía mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector. En medio de ese escenario de incertidumbre, un nuevo frente de inconformidad se abre paso desde las universidades y los hospitales del país a pesar de ser aprobado en la reforma laboral.Los estudiantes de medicina anunciaron un plantón nacional para este 29 de diciembre, con el objetivo de exigir que el Gobierno garantice los recursos necesarios para el pago de los médicos internos a partir de 2026. La movilización busca que lo aprobado en el papel se traduzca en una realidad concreta para quienes hoy cumplen extensas jornadas sin recibir remuneración.La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y quedó aprobada dentro de la reforma laboral. Sin embargo, aunque la norma ya existe, los estudiantes advierten que aún falta la reglamentación y, sobre todo, la asignación presupuestal para que el pago sea efectivo.Pago a internos de medicina: estudiantes saldrán a las callesActualmente, los internos de medicina deben cumplir jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas, sin recibir ningún pago durante su último año de formación. Ante esa situación, estudiantes de medicina se concentrarán en 17 ciudades del país, desde el mediodía, en centros de salud, edificios gubernamentales y plazas públicas.Las protestas se realizarán sin afectar la atención en servicios críticos. Quienes estén asignados a urgencias u otros procedimientos vitales no participarán de manera presencial, mientras que quienes no puedan salir a las calles se sumarán a la jornada a través de redes sociales con el numeral #InternosConPagoYa.Estos serán algunos de los puntos de concentración:Bogotá: Ministerio de SaludCartagena: Hospital Universitario del CaribeBarranquilla: Clínica General del NorteCali: Hospital Universitario del ValleMedellín: Hospital Fundación San Vicente de PaulBucaramanga: Hospital Los ComunerosCúcuta: Hospital Erasmo MeozA ellos se suman ciudades como Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.¿Qué dice la ley sobre el pago a internos de medicina?De acuerdo con Andrés Salcedo, médico y promotor de la iniciativa, el reconocimiento económico ya es ley, pero aún no se ha convertido en una garantía real. “El pago a internos ya es ley, pero falta reglamentación para que sea realidad en 2026. Nos movilizamos pacíficamente para exigir que MinHacienda autorice a MinSalud garantizar el pago”, aseguró.Con la reforma laboral, los médicos internos, que cursan su último año universitario y prestan servicio en hospitales y clínicas con jornadas extensas, recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual. Además, serán afiliados a los sistemas de salud y pensión, ya que actualmente solo cuentan con cobertura de ARL.El pago estará a cargo del Estado a través del Adres. Según las estimaciones, la inversión superaría los 146.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 8.600 internos, provenientes de 67 facultades de medicina en todo el país. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que la movilización es clave para que la norma no se quede, una vez más, en el papel.
Este martes, el Congreso de la República comienza una jornada política decisiva: el debate sobre la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro entra en su fase previa en la plenaria del Senado. La iniciativa surge luego del hundimiento de la reforma laboral oficialista, que se convirtió en un punto de quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo.La controversia no se limita a la consulta: también se discute una nueva “mini reforma” laboral presentada por el Partido Liberal, lo que evidencia el fraccionamiento político y el juego de fuerzas internas en las bancadas.Centro Democrático: un “no” contundenteDesde la oposición, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático fue enfática en su rechazo tanto a la reforma laboral del Gobierno como a la consulta popular. "Nosotros vamos a votar no a la consulta, porque es que con o sin consulta la reforma laboral es mala", afirmó Valencia en entrevista con Blu Radio.Según la senadora, la propuesta del Gobierno generaría una pérdida estimada de 500.000 empleos, agravando la informalidad laboral. Para el Centro Democrático, el enfoque debe ser la formalización del empleo y una reforma alternativa: "Nosotros estamos convencidos de que cuando ya empieza la reducción de la jornada laboral, unirle un aumento de los costos laborales del 35% generaría pérdida de empleo", subrayó.Valencia también acusó al Ejecutivo de populismo, afirmando que “todos los días se inventa nuevas cosas para mantener vivo su proyecto político”, y anticipó que la consulta se convertirá en “un referendo contra Petro”.Partido Liberal: sin unidad de bancadaPor su parte, el senador Juan Pablo Gallo del Partido Liberal también anunció su voto negativo frente a la consulta. Aunque reconoció que su partido no ha tomado una decisión unificada, dejó claro que varios de sus compañeros también votarían en contra. “Yo sí tengo muy claro que lo voy a votar en contra”, aseguró.Gallo criticó la propuesta del Gobierno al señalar que “esta reforma afecta a los más damnificados del mercado laboral”, refiriéndose a los 13 millones de trabajadores informales y los 3 millones de desempleados. También desmintió que la reciente designación de la ministra Diana Marcela Morales, cercana a sectores del liberalismo, haya influido en la decisión de voto de los senadores, aunque reconoció que existen tensiones internas: “Lo que deberíamos hacer nosotros es una bancada para tomar una posición en bloque”, insistió.Partido Verde: entre la apelación y el debate institucionalLa senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, centró su posición en el uso de la figura de la apelación para revivir la reforma laboral. Lozano explicó que este procedimiento, nunca antes aplicado, permitiría enviar el proyecto a una comisión diferente para continuar su trámite. “Si el objetivo es garantizar los derechos laborales, la apelación es el mejor camino”, sostuvo.En cuanto a la consulta, Lozano adoptó una postura matizada: “Voy a votar sí a la apelación y luego sí a la consulta, con condición”, advirtió. La congresista propuso que la consulta se realice después de las elecciones, para evitar el uso electoral del mecanismo: “Si quieren hacer campaña con plata pública, eso sí sería el colmo”, expresó.Pacto Histórico: apoyo incondicional al presidenteDel lado del Gobierno, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, defendió la consulta sin ambigüedades. “Sí, y sin el rodeo que da”, respondió al ser preguntado por su voto, criticando a quienes piden condiciones para su realización. Para Arias, la consulta no solo es legítima, sino también una herramienta de educación ciudadana: “Está bien que se le pregunte al pueblo humilde qué le conviene”.Aunque reconoció el carácter político del proceso, negó que se trate de un plebiscito sobre el presidente: “Petro no va a ir a elecciones en 2026. Lo que va es un proyecto político que sigue honrando los compromisos que hicimos”, concluyó.La reforma laboral propuesta por el Gobierno ha sido uno de los proyectos más polémicos del actual periodo legislativo. Su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado provocó una respuesta inmediata del presidente Petro, quien desde China anunció su intención de convocar una consulta popular para que los colombianos decidan sobre el contenido de la reforma.Desde entonces, la iniciativa ha sido interpretada como una estrategia política de alto riesgo. Para la oposición, representa un intento de polarizar y consolidar el poder. Para el oficialismo, es una vía legítima de participación ciudadana.Mientras tanto, el ambiente en el Congreso se mantiene tenso y dividido. La posibilidad de que la consulta se convierta en un referendo de facto sobre la gestión del Gobierno está sobre la mesa, y todo dependerá del resultado de una votación que, como reconocen los propios senadores, podría definirse por márgenes mínimos.
A través de un detallado salvamento de voto, la magistrada Lombana lanzó dos cuestionamientos de fondo: la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso y la omisión del análisis sobre el delito de Financiación de Campañas Electorales con Fuentes Prohibidas.Para la magistrada Lombana, gran parte del material probatorio aportado por la Fiscalía fue recabado de forma irregular, en especial las declaraciones y conversaciones obtenidas mediante el principio de oportunidad ofrecido a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López y Sneyder Pinilla.Según advirtió, las condiciones en las que estos testigos llegaron al proceso no fueron evaluadas a fondo y sus testimonios presentan posibles vicios legales que podrían anular la validez de toda la prueba derivada para el proceso. Lombana insistió en que se violaron derechos fundamentales como el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y que se habría ejercido presión indebida sobre los testigos.Uno de los apartes más críticos del documento resaltó que Sneyder Pinilla fue inducido a rendir entrevistas públicas y que esta exposición no puede entenderse como una renuncia voluntaria a sus derechos constitucionales.Además, subrayó que Sneyder Pinilla no fue testigo presencial de la supuesta entrega de dinero al senador Iván Name, por lo que su testimonio carece de la fuerza probatoria directa requerida para sustentar una acusación de esta magnitud.Lombana también argumentó que no se configura el delito de peculado por apropiación, pues, según su interpretación, los 4.000 millones de pesos involucrados en el caso no provinieron del erario público, sino de un acuerdo entre particulares, lo que a su juicio excluye la utilización de recursos de la Ungrd.Además, se pone en duda la legalidad del traslado de información obtenida por la Fiscalía 9 Delegada pues, según la magistrada, no se cumplían los requisitos legales para su uso en este caso, lo que convertiría esas pruebas en “nulas de pleno derecho”.La segunda preocupación de la magistrada es la ausencia de análisis sobre el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas, a pesar de que en el expediente constan señalamientos directos sobre un supuesto flujo de dinero ilícito hacia una campaña electoral.Lombana señala que no está probado que Sneyder Pinilla habría entregado recursos al senador Iván Name para apoyar la campaña de su hija, María Clara Rodríguez. A pesar de la gravedad de este hecho, la Sala no se pronunció ignoró "que no hay prueba de ello" , lo que la magistrada considera un vacío inexplicable.Las entrevistas a medios: otro punto críticoEl salvamento también hace referencia reiterada a las entrevistas que ofrecieron Olmedo López y Sneyder Pinilla a medios de comunicación. Para Lombana, estas apariciones públicas no pueden ser utilizadas como evidencia incriminatoria sin antes establecer con claridad que no hubo coacción ni presión indebida para que los testigos hablaran.En una de las citas del documento, se recoge lo dicho por Pinilla: “Confesar algunos delitos no implica renunciar al derecho a no autoincriminarse en un escenario judicial”.Asimismo, sobre Olmedo López, la magistrada alerta que habría hecho una renuncia forzada a su derecho al silencio en sede judicial, sin la debida protección de sus garantías.
La reciente propuesta de consulta popular hecha por el presidente Gustavo Petro ya es una realidad. Esta semana arranca en el Senado esto ha generado un amplio debate entre las principales fuerzas políticas del país.El Partido Liberal, el Partido de la U y Alianza Verde se encuentran en posiciones divididas, lo que refleja las tensiones internas y la estrategia electoral de cara a las elecciones de 2026. Esto plantearon los senadores de estas colectividades en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga.Voto del Partido Liberal en la consulta popularEl senador Mauricio Gómez Amín, quien ha expresado abiertamente su oposición a la consulta, destaca que entre los senadores liberales hay un claro apoyo al 'sí' a la consulta, exceptuando a tres votos que se pronuncian por el 'no'.Y agregó "Yo anuncié mi voto hace rato. lo mantengo firme hasta el último minuto y puedo responderte por esos dos votos el de Pinto y el de Gallo que me dijeron ya personalmente que no votarán la consulta. Los demás no puedo responder por ellos", comentó Gómez Amin.Esta situación pone de manifiesto que, aunque el partido está dividido, se inclina en su mayoría a favor de la consulta propuesta por el gobierno de Petro.Divisiones en la bancada liberalLa división en el Partido Liberal refleja una falta de cohesión en cuanto a cómo deben actuar sus senadores en cuestiones claves. La falta de convocatoria de una bancada oficial por parte del ex presidente Cesar Gaviria ha dejado a muchos senadores en libertad para decidir su voto. Gomez Amin enfatiza que cada senador tiene responsabilidades individuales y su voto no puede ser determinado por una mayoría.El Partido de la U y su oposiciónPor otro lado, el senador Alfredo Deluque Zuleta, del Partido de la U, también manifestó una firme oposición a la consulta."Es complejo porque en el partido de la U vemos dos senadores que hemos sido oposición desde el inicio del Gobierno donde siempre damos las batallas internas y siempre argumentamos el por qué no debemos apoyar las propuestas antitécnicas del Gobierno Petro y y obviamente estamos en estos momentos en la posición de no apoyar la consulta”, subrayó Deluque.Dentro de su Partido, la opinión es igualmente polarizada, con un par de senadores en clara oposición y otros que podrían inclinarse hacia el apoyo de la consulta, generando también tensiones internas.Impacto electoral y futuro políticoAmbos partidos, al enfrentarse a esta consulta popular, deben considerar la repercusión que sus decisiones tendrán en el panorama electoral de 2026. La percepción de sus electores y la habilidad de cada partido para mostrar unidad serán determinantes en sus futuras campañas. El dilema de votar 'sí' o 'no' a la consulta también plantea interrogantes sobre cómo cada partido se presentará ante la ciudadanía: como defensores de los intereses del pueblo o como obstruccionistas de procesos democráticos.Inti Asprilla defiende propuesta de consulta popular de Petro y culpa al Congreso del “bloqueo institucional”Por su parte, el representante a la Cámara, Inti Asprilla, se pronunció con firmeza frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, asegurando que no se trata de una decisión improvisada ni caprichosa, sino de una respuesta a lo que calificó como una “actitud obtusa” por parte del Congreso.El senador del Partido Alianza Verde denunció que sectores del Senado estarían utilizando su poder para bloquear sistemáticamente el avance de la reforma laboral, impulsada por el Gobierno Nacional. Según Asprilla, se trata de un bloqueo institucional deliberado por parte de grupos con capacidad de frenar las iniciativas del Ejecutivo, a pesar de su respaldo social.“Estamos ante una situación de bloqueo institucional por parte de ciertos sectores que tienen la potencia, los números o las posiciones suficientes para torpedear el trámite de la reforma”, sostuvo.La reforma laboral, uno de los proyectos clave del gobierno Petro, ha enfrentado múltiples obstáculos en el Congreso, lo que ha llevado al presidente a considerar una consulta directa al pueblo colombiano para avanzar en su agenda de transformaciones sociales.Las decisiones que tomen ahora tendrán momentos de repercusión que se extenderán hasta las próximas elecciones, cuestionando su lealtad al electorado y sus respectivas visiones políticas. A medida que se acerca el momento de la votación, las aguas seguirán moviéndose y las estrategias se verán puestas a prueba.Escuche las posiciones de los partidos frente a la consulta popular acá:
El exsenador y saliente director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, reveló en entrevista que su distanciamiento con el presidente Gustavo Petro obedece a una diferencia de fondo: la apertura hacia políticos tradicionales como estrategia para ganar las elecciones de 2026.La tensión se evidenció el pasado viernes en Tibú, durante un evento oficial en el que Bolívar participó como funcionario activo, aunque su renuncia ya había sido presentada. “Yo renuncié el 30 de abril, pero el decreto de aceptación establece que sigo hasta el 16 de mayo. Legalmente, estaba cumpliendo mi deber”, explicó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu. No obstante, Petro habría mostrado incomodidad por su presencia, interpretada por algunos como un desaire público.“Déjenme jugar”: Bolívar se defiende ante las dudas sobre su candidaturaA pesar de encabezar varias encuestas presidenciales, Bolívar asegura que no se le está dando espacio dentro del proyecto petrista. “Le dije al presidente: déjeme jugar. Si aparece un candidato más fuerte, yo me bajo. Pero hoy las encuestas dicen otra cosa”, declaró.El exlibretista, conocido por su trayectoria en televisión antes de ingresar al Congreso, sostiene que su distancia con figuras del establecimiento ha sido su mayor fortaleza, pero también su principal obstáculo dentro del Pacto Histórico. “En la campaña por la Alcaldía de Bogotá no acepté dineros de contratistas ni apoyos cuestionables. Perdí, pero dormí tranquilo”, sostuvo.Para Petro, sin embargo, ese tipo de rigidez puede comprometer el objetivo electoral. “El presidente me dijo que necesitamos un candidato más convocante, que pueda atraer a sectores del centro y de la política tradicional”, confesó Bolívar.Frente Amplio: la nueva apuesta del oficialismo para 2026Según Bolívar, Petro estaría apostando nuevamente por una coalición diversa, similar a la de 2022, cuando logró unir fuerzas como las de Roy Barreras, Armando Benedetti y Dilian Francisca Toro para lograr la victoria. “El presidente sabe que solo con el Pacto Histórico no se gana”, afirmó.La estrategia contemplaría una consulta interna en octubre entre candidatos del Pacto Histórico, seguida de una consulta amplia en marzo con representantes de otras fuerzas. “Es una estructura compleja. Si no fusionamos los partidos del Pacto antes de julio, podríamos quedar por fuera de la consulta interna”, advirtió Bolívar.Pese a su conocida distancia con la política tradicional, Bolívar reconoce que, en caso de someterse a una consulta con otras figuras del espectro, deberá respetar los resultados. “Si me someto a la consulta y pierdo, cargaré la maleta del que gane. Si gano, espero que hagan lo mismo conmigo”, dijo.La cercanía personal y política entre Bolívar y Petro ha sido evidente durante años. Sin embargo, el último episodio en Tibú reflejó un cambio de tono. “Se deterioró la relación desde que presenté la renuncia. No fue inmediato, pero sí progresivo”, reconoció el exsenador.Bolívar insistió en que no desea una ruptura definitiva: “Démonos un tiempo”, escribió en redes sociales, como una forma de pausar su activismo político mientras el presidente se encuentra en viaje oficial. “No me quiero ir así. Quiero hablar con él”, agregó.
El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, reconoció públicamente su malestar tras el llamado de atención que le hizo el presidente Gustavo Petro durante un evento oficial en Tibú. En entrevista con Mañanas Blu, Bolívar admitió que existe un distanciamiento entre ambos y que el presidente prefiere a otro aspirante para liderar el proyecto del Pacto Histórico hacia las presidenciales de 2026.El episodio ocurrió en el marco de la jornada “Juntos por la transformación del Catatumbo”, donde Petro, interrumpiendo el protocolo, reprochó la intervención de Bolívar: “Los que renuncian, renuncian”, dijo con severidad, cuestionando la presencia del funcionario en el evento pese a su intención de ser candidato presidencial.“El presidente cree que si tengo aspiraciones políticas ya no debería estar hablando en actos oficiales. Pero sigo siendo funcionario hasta el 16 de mayo, y hasta ese día seguiré trabajando”, explicó Bolívar, quien respondió que "sigue amando" a Petro, pese a este episodio.Reproche de Petro a BolívarLa tensión entre ambos líderes del progresismo se acentuó después del encuentro del 30 de abril, cuando Bolívar formalizó su renuncia. Según relata, en dicha conversación, Petro le sugirió que “para ganar en 2026 se necesita un candidato más convocante”, dejando claro que no lo considera la mejor carta para representar al movimiento.“Él teme que si soy elegido en una consulta interna, me niegue a pactar con sectores tradicionales. Eso le preocupa”, afirmó Bolívar, aludiendo al temor de Petro de repetir una estrategia limitada como en su campaña a la Alcaldía de Bogotá, donde rechazó apoyos por considerarlos éticamente cuestionables.El exsenador no ocultó la paradoja de sentirse relegado pese a haber sido uno de los más leales a Petro: “Es irónico que ahora me pase factura por ser de los más petristas. Yo nunca he traicionado al proyecto”.Consulta interna y Frente Amplio: ¿quién será el elegido?En el fondo del conflicto yace la estrategia electoral del Pacto Histórico. Bolívar reveló que se trabaja en dos fases: una consulta interna en octubre de 2025, para definir el candidato del movimiento, y una consulta más amplia en marzo de 2026 dentro de un Frente Amplio que aglutinaría sectores diversos.Aunque aún no hay un candidato claro por parte de Petro, Bolívar sugiere que nombres como el del gobernador Carlos Amaya o el exembajador Roy Barreras están en evaluación.“El presidente sabe que solo con el Pacto Histórico no se gana. Está buscando alianzas que garanticen gobernabilidad. Pero yo también puedo convocar al centro”, sostuvo Bolívar, desestimando que su perfil radical lo inhabilite.¿Candidato inflado o castigo por coherencia?Uno de los rumores que ha circulado es que Bolívar estaría “inflado” en las encuestas. Él lo rechaza categóricamente y se muestra abierto a competir.“Si estoy inflado, que me dejen ir a la consulta. Ahí se verá si tengo o no respaldo real”, señaló, aludiendo a mediciones que lo ponen al frente de la intención de voto entre figuras del petrismo.Sobre su rol en el estallido social y los señalamientos por financiar la “primera línea”, Bolívar insistió en que solo entregó protección a manifestantes y apoyos humanitarios: “Jamás financié violencia. Todo fue transparente y documentado. Aún quedan $90 millones en la cuenta sin tocar”.Entre la lealtad y la disputaPese a las fricciones, Bolívar insiste en que no se retirará del proceso político: “Déjenme jugar. Si aparece alguien mejor, me bajo. Pero si no, aquí estaré”, aseguró. También fue claro en que, si pierde una eventual consulta, respaldará al ganador, sea quien sea.“Este proyecto es más grande que cualquier nombre. Si me toca cargar la maleta de otro, lo haré por el bien del progresismo”, concluyó.
Colombia empieza a mover sus fichas rumbo a 2026 y una de las voces que irrumpe con fuerza es la de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exconcejal, confirmó en entrevista con El Radar este 27 de diciembre de 2025 su aspiración a la Presidencia, con un discurso que busca marcar distancia de los extremos y golpear la improvisación en el poder.Con un tono técnico pero directo, Oviedo se presentó como una opción de centro que quiere “hacerlo sensato otra vez”. Desde el inicio dejó claro que su candidatura no nace del cálculo político tradicional, sino de una lectura crítica del momento que vive el país y de los riesgos que, según él, se están acumulando sin que el Gobierno actúe a tiempo.La frase más punzante llegó cuando habló del balance del actual mandato: “La corrupción no solo sucede por acción sino también por omisión”, una afirmación con la que cuestionó lo que calificó como falta de decisiones estructurales en temas clave para Colombia.Juan Daniel Oviedo y una candidatura de centroOviedo explicó que su paso por el gobierno de Iván Duque fue estrictamente técnico y defendió su permanencia en el DANE incluso cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia. “Más que un halago o un insulto, fue la oportunidad que me abrió la carrera política”, dijo, al recordar que Petro lo mantuvo en el cargo, generando curiosidad pública sobre su perfil.Esa experiencia, aseguró, lo convenció de que Colombia necesita gobernar lejos de las etiquetas ideológicas. “Yo soy de centro”, reiteró, con la idea de construir acuerdos desde la evidencia y no desde la confrontación.Propuestas presidenciales y advertencias económicasOviedo planteó tres ejes centrales de su propuesta. El primero, un “gobierno de estabilización” para enfrentar lo que llamó “las minas quiebrapatas de la economía”, entre ellas la insostenibilidad fiscal, la inseguridad energética y la baja inversión. “Hacer campaña con un apretón fiscal es difícil, pero necesario”, advirtió.El segundo eje es la seguridad, con un enfoque poco usual en el discurso político. “Tenemos que acabar con la extorsión en la calle y en la política”, afirmó, rechazando que la seguridad sea usada como arma ideológica o mecanismo de presión.Elecciones 2026 y consulta presidencialOviedo confirmó que su movimiento entregará cerca de 970.000 firmas para formalizar la candidatura y que apuesta por una consulta amplia en marzo. Su objetivo es unir sectores diversos alrededor de un propósito común: “Que el futuro de Colombia sea menos pobre, menos viejo, menos informal y menos violento”.Aunque reconoce que hoy no lidera las encuestas, cuestionó la lectura anticipada del escenario electoral. “La gente decide el voto el último mes”, señaló, convencido de que todavía hay espacio para una opción que, en sus palabras, le devuelva emoción y sensatez a la política colombiana.
Una nueva encuesta aplicada al interior del Congreso de la República midió la percepción de desempeño entre senadores y representantes durante el último periodo legislativo. Los resultados confirman el liderazgo del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y de la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, como las figuras con mayor reconocimiento entre sus pares.El estudio, realizado entre 264 congresistas —104 senadores y 160 representantes—, señala que ambos legisladores aspiran a continuar en el Congreso en las elecciones legislativas de 2026, en las que buscarán repetir curul.De acuerdo con la encuesta, Alejandro Carlos Chacón obtuvo el 14,4% de las menciones, la cifra más alta entre todos los senadores consultados. Su agenda legislativa se ha caracterizado por abarcar temas sociales, judiciales y de protección a poblaciones vulnerables.Entre los proyectos que mayor reconocimiento le otorgaron se destacan la Ley Sara Sofía, orientada a la defensa y protección de la niñez; la mesada 14 para maestros, considerada una reivindicación histórica del magisterio; y el reconocimiento del carácter salarial de la Bonificación Judicial, una medida largamente esperada por servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.También figuran iniciativas como Colegios sin madrugón, con impacto nacional en el bienestar y rendimiento de los estudiantes, y la inembargabilidad de animales de apoyo emocional, valorada por su alto contenido social. A esto se suman sus debates de control político, que fortalecieron su percepción de rigor, solidez técnica y compromiso institucional.Olga Lucía Velásquez, la representante más destacada del paísEn la Cámara de Representantes, Olga Lucía Velásquez lidera ampliamente con el 11,3%, el porcentaje más alto entre los 160 representantes encuestados. La congresista del Partido Verde se ha destacado por dos grandes pilares: su liderazgo nacional en la formulación y avance de la Ley de Salud Mental, uno de los temas más sensibles y urgentes para el país, y su acompañamiento técnico y político a la agenda económica y social del Gobierno.Su rol como voz de articulación, vigilancia y responsabilidad, sumado a su presencia constante en plenarias, capacidad de interlocución y solvencia técnica, la posicionan como una de las cartas fuertes de su partido de cara a las elecciones de 2026.La población objetivo de la encuesta fueron senadores y representantes a la Cámara, con un tamaño de muestra de 264 congresistas (104 senadores y 160 representantes. El trabajo de campo fue los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en comisiones y plenarias.El nivel de confianza de la medición es del 96 % y el margen de error de 2,6 %. La medición fue realizada por la firma encuestadora W.W.A. SAS.El senador Alejandro Carlos Chacón agradeció el reconocimiento dado por sus compañeros. “Agradezco al Congreso de la República y a mis colegas por la confianza depositada, que no asumo como un logro personal, sino como el resultado de un trabajo colectivo construido desde el debate serio, el respeto por las diferencias y la vocación de servicio al país”, expresó en un comunicado.El senador nortesantandereano afirmó que el reconocimiento “es de todos: de quienes creen en la democracia como camino, en la concertación como método y en el valor del diálogo aun en la discrepancia. Gracias por respetar las convicciones en las que creo y las banderas que defiendo, porque ese respeto fortalece las instituciones y dignifica la política. Como liberal, reafirmo mi compromiso con la justicia social, la defensa de las libertades y la protección de los más vulnerables”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el Gobierno actual. Uribe aseguró que esta idea es una estrategia electoral.“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.Otra de las reacciones llegó por parte de la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien aseguró que hay que defender la Constitución de 1991.“Hoy más que nunca debemos defender la Constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La democracia se respeta, las reglas se cumplen. Colombia no cae”, aseguró Valencia.Es importante recordar que este viernes, con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se llevó a cabo la inscripción del comité.“Promover una Constituyente por sí no es bueno ni malo. Aquí el problema es que este Gobierno de Gustavo Petro la justifica en un supuesto bloqueo a sus reformas, cuando lo que ha hecho la institucionalidad, llámese Congreso o Cortes, es detener, de acuerdo con la ley, iniciativas inconvenientes o inviables financieramente”, señaló el representante a la Cámara Christian Garcés.Sin embargo, también hay sectores que defienden la iniciativa, especialmente la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.“Hoy se activa un camino democrático para que el pueblo decida: se inscribió el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No se trata de imponer, sino de deliberar colectivamente sobre el país que necesitamos”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra.Además, el presidente Gustavo Petro, al referirse al tema, dijo que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que de esta manera se está siguiendo el camino de Chile.“A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la Constitución que sancionó Pinochet. No pudieron. Acá quieren reemplazar la Constitución que lideraron Antonio Navarro Wolff, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. La Constitución del 91 se respeta”, agregó Lozano.Finalmente, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que la Constituyente es una buena idea para el país, pues va a abordar temas como la corrupción y la reforma a la justicia.“No puede seguir pensándose que la justicia, y corriendo el rumor, falla según quien pague. Eso hay que eliminarlo. Necesitamos una justicia no solo que sea transparente, sino que dé la sensación de que es transparente. Además, el problema del narcotráfico y las drogas en Colombia pasa por una Constituyente”, señaló Ocampo.
El Polo Democrático se pronunció, por medio de un comunicado, sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno en los últimos días. Este partido asegura que la medida es constitucional, pues cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.Además, señala que la emergencia se origina por el desfinanciamiento del Presupuesto de 2026.“Esta falta de recursos pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Por ello, solicitamos a la Corte avalar la declaratoria y reafirmamos que el Gobierno no trasladará el ajuste fiscal a la ciudadanía”, señala el comunicado del Polo.Es importante recordar que la Corte Constitucional solo estudiará el decreto de la emergencia económica hasta el 13 de enero, cuando termina la vacancia judicial.