Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos fueron judicializados tras ser señalados de presuntamente liderar un millonario esquema de captación ilegal que afectó a unas 8.000 personas en distintas regiones del país entre 2021 y 2024, con un desfalco cercano a los 200.000 millones de pesos, según informó la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la investigación, el modelo delictivo operaba bajo dos modalidades principales centradas en ese sector agroindustrial. La primera simulaba la compra de plátano a productores regionales para su exportación a mercados internacionales a través de un supuesto intermediario.
La segunda vinculaba a los ciudadanos como socios ocultos mediante contratos de cuentas en participación, prometiendo una rentabilidad del 25 por ciento cada 25 días hábiles.
Sin embargo, las pesquisas determinaron que las víctimas entre las que figuran campesinos, docentes rurales, mujeres cabeza de familia y víctimas de desplazamiento nunca recibieron los rendimientos ni recuperaron su dinero. Así lo confirmó ´la fiscal que llevó el caso.
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"Puede observarse que en las denuncias que son personas de escasos recursos, que son personas que tienen poca preparación educativa, que son neófitos en el tema, y a quienes incluso se les visitaba en sus casas para invitarlos a que fueran a invertir los dineros en estas empresas, a que buscaran recursos, se nos decían que buscaran recursos",dijo la delegada del ente judicial.
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El impacto económico se concentró principalmente en los municipios antioqueños de Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, aunque también se identificaron afectados en departamentos como Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.
"No tuvieron el más mínimo miramiento para que, con todos aquellos pobladores que cumplieron en ellos, en que sus dineros no solamente estaban a buen recaudo, sino que se iban a multiplicar la inversión, lo que no aconteció como se esperaba. A cambio, deciden realizar frases amenazantes que no acudieran ante las autoridades o la superintendencia", aseguró el fiscal del caso.
Tras la captura de una de las procesadas en el aeropuerto internacional José María Córdova y la presentación voluntaria del segundo investigado, los jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos y dictaron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras continúan las investigaciones.