Área Metropolitana pidió cárcel para Juan David Palacio; borró información y desactivó cámaras
La audiencia fue programada para el próximo jueves 12 de febrero a las 2:30 p. m.
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Las audiencias contra exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero siguen su curso y fue de nuevo el turno del caso del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, por el que ya hay personas en prisión y por el que la Fiscalía General de la Nación pidió detención en centro carcelario para el exdirector de la entidad ambiental, Juan David Palacio.
El turno fue para la defensa del Área Metropolitana, que por medio de su apoderado, Majer Abushihab, mostró durante varias horas por qué Palacio debía ser enviado a prisión, dejando en evidencia el presunto actuar irregular dentro de la entidad que, al parecer, buscaba beneficiar a Miguel Quintero Calle, hermano del exmandatario, y quien fue nuevamente mencionado en las audiencias.
“Con los propósitos de favorecer al señor Miguel Quintero y otros, pero particularmente al señor Miguel Quintero. Y lo primero es establecer estas fotografías, su señoría, son obtenidas —aquí pongo los enlaces de fuentes abiertas, públicas—, y es poder establecer la relación que el señor Juan David Palacio ha tenido y tenía con el señor Miguel Quintero. Desde hace más de diez años, su señoría, existe una relación muy cercana entre Juan David Palacio y Miguel Quintero”, evidenció el abogado.
Aunque el nombre de Miguel se mencionó en diferentes oportunidades, también se habló del supuesto entramado de corrupción en el que Palacio contrató a dos mujeres, que hoy también están en juicio, y que serían las responsables de firmar seis contratos en los que hubo sobrecostos y bienes no entregados que superan los 2.400 millones de pesos.
Dentro de la audiencia, en la que se reiteró cómo se firmaron contratos con aumentos de más del 200 % para obtener supuestas rentabilidades, se habló de dos situaciones sumamente graves y por las cuales la defensa del Área Metropolitana considera que se debe otorgar una medida de aseguramiento en prisión, y es que Palacio habría ordenado borrar información de los computadores de sus colaboradores más cercanos.
“El señor Juan David Palacio, también unos días antes de irse, ordenó que se formatearan unos computadores. Presuntamente fueron restablecidos de fábrica, formateados, por una persona externa a la Unidad de Infraestructura Tecnológica y que fungió como contratista de la entidad. En presencia del exdirector, le solicitó a un contratista de soporte técnico de sistemas la clave de administración local de los tres computadores con el fin de realizar un backup de los buzones de correo de los usuarios asignados a cada equipo de cómputo”, señaló Abushihab.
Sobre las dos mujeres que hoy tienen serios líos legales, el defensor del Área Metropolitana insistió en que fue Miguel Quintero Calle quien presionó para que fueran contratadas para, presuntamente, favorecer al exconcejal de Medellín con los contratos que están en el ojo del huracán.
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Precisamente, en medio de los chats y audios de las presuntas irregularidades, se dio a conocer otra situación preocupante para las víctimas del proceso, y es que, al parecer, durante los últimos días de Palacio en el cargo se habría ordenado desactivar una cámara de seguridad que permitía ver quién entraba y quién salía de la oficina de archivos.
“Se produjo la inactivación de una cámara de seguridad casualmente en el segundo semestre del año 2023, la quinta y última cámara identificada con el número 29, de tecnología análoga, ubicada —ojo con esto, su señoría— al interior del archivo de la entidad para custodia del acervo documental allí custodiado, que al momento de recibir la administración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el mes de enero de 2024, se evidenció que estaba fuera de servicio. Quiero que usted vea, su señoría, lo que significa esa cámara: es el registro íntegro del archivo de la entidad”, manifestó el defensor.
Tras dar estos datos para que Palacio esté en un centro penitenciario, tal y como también lo había solicitado la Fiscalía General de la Nación, el Área Metropolitana pidió que Ana María Roldán y Diana María Montoya fueran cobijadas con medida no privativa de la libertad, situación que se seguirá discutiendo en la próxima audiencia, programada para el jueves 12 de febrero de 2026.