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Más de 50 mujeres son víctimas de un centro de intervenciones clandestino ubicado en el exclusivo sector de Laureles en Medellín, lugar en donde por la mala praxis varias de sus pacientes sufren en la actualidad de quebrantos de salud, incluso, relacionados con el contagio de una peligrosa bacteria que ha puesto en riesgo su vida.
En este momento hay tres mujeres implicadas: una enfermera, una masajista y una recepcionista que están en poder de las autoridades y que ya fueron judicializadas. Según se relata en las audiencias preliminares, las implicadas se rotaban las funciones, demostrando la falta de rigurosidad para realizar los procedimientos estéticos.
"En la cirugía no le aplicaron suficiente anticoagulante, y que por eso, entonces, presentó en sus glúteos sangrado y, pues, problemas de respiración, les daba fiebre, desaliento, no podían caminar, y, además de que no podían caminar, tampoco se podían sentar", destacó en las diligencias el fiscal de caso.
Aunque por este caso las autoridades ya tienen en su poder hasta 24 denuncias formales, la Secretaría de Salud de Antioquia ha mostrado su preocupación porque esta no es la única situación que deja en evidencia que los centros de procedimientos clandestinos son más comunes de lo que parecen en el departamento.
Según la información recolectada por la Gobernación de Antioquia solamente en 2025 se han puesto 22 medidas y se han recibido 69 quejas por intervenciones irregulares que han generado daños en la salud. Adrián Castro, subsecretario de Protección Social de Antioquia, se refirió al fortalecimiento de las medidas de vigilancia de estos lugares.
"No son profesionales de la salud la mayoría de ellos, y se nos escapan a las sanciones administrativas. Es importante hacer un llamado a la ciudadanía para que no caiga ante estas redes ilegales que prestan servicios de salud sin tener la formación". solicitó el funcionario.
Mientras avanzan algunos procesos conocidos por las autoridades competentes, la Secretaría de Salud de Antioquia informó que se está articulando con la Fiscalía General de la Nación, quienes son los encargados de investigar a las personas que brindan estos servicios sin autorización por parte de autoridades sanitarias.
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