Autoridades capturaron a cuatro personas que estarían involucradas en actividades de minería ilegal en el municipio de Buriticá. Además de la incautación de explosivos, lograron la recuperación de uno de los túneles de la mina explotada por la Zijin Continental y que tenía presencia del Clan del Golfo
Un duro golpe a las rentas criminales de grupos armados que operan en el occidente de Antioquia propinaron las autoridades tras la captura de personas que estarían al servicio del Clan del Golfo ejerciendo actividades de control y explotación de minería ilegal.
La operación denominada Esperanza y que contó con participación de la Fiscalía General, logró la captura en el municipio de Buriticá de cuatro personas involucradas en el suministro de explosivos a estructuras dedicadas a la explotación ilegal de yacimientos mineros.
El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó que durante la diligencia en la que quedaron en poder de la justicia tres de las personas por porte ilegal de armas y otra por fabricación, tráfico y porte de explosivos, se logró recuperar uno de las zonas más complejas en materia de seguridad dentro de los socavones que actualmente tiene licencia para explotar la multinacional Zijin Continental.
Se trata del nivel 14-00 del túnel Yaraguá, que estaba bajo influencia del Clan del Golfo desde hace al menos cinco años.
"Esta acción marca un hito histórico, siendo la primera operación en superficie que logra consolidar un nivel subterráneo por completo. Además, fue recuperada una pistola perteneciente al equipo de seguridad de una empresa minera, la cual había sido hurtado el año pasado por miembros de este grupo criminal organizado", comentó Rico.
Durante la intervención de las autoridades también se incautaron 102 barras de Anfo, 774 de Indugel, 600 detonadores eléctricos, 1.300 metros de cordón detonante, un kilo de mercurio, 108 cartuchos de munición y ocho celulares.
Hay que recordar que frente a la situación de seguridad en el complejo minero la multinacional que tiene su título de explotación ya demandó internacionalmente al Estado colombiano por la falta de garantías en esta materia.
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