Por segunda ocasión y en medio de las audiencias que involucran la presunta malversación de más de 2.480 millones de pesos en seis contratos que fueron entregados de manera directa entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se mencionó la injerencia que habría tenido el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, en la entidad, se refieren a Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín.
La primera mención fue el pasado 8 de octubre de 2025, cuando se adelantaron las audiencias preliminares en contra de María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde de estos hoy, se encuentran en prisión, por direccionar irregularmente los seis contratos.
Hay que recordar que el ente acusador ya había afirmado que los objetos de los contratos por un total de $18.000 millones y que no se cumplieron, era entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias de otros Cuerpos de Bomberos.
Sin embargo, mencionó un viejo conocido de otros escándalos en Medellín: Miguel Quintero Calle.
El fiscal del caso aseguró que conocieron el relato de un testigo del caso que manifestó que el hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero Calle fue quien entregó los seis contratos, en un hecho que demostraría la injerencia de Miguel Quintero Calle en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
"Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero, y desde la estructura interna de la entidad, Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas", mencionó el fiscal.
Sobre el otro nombre que menciona la Fiscalía General de la Nación se trata de Álvaro Villada, exsubdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y quien ya fue imputado por presuntas irregularidades en contratos firmados entre el AMVA y Metroparques, otro de los hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Daniel Quintero Calle en Medellín.
Ahora, nuevamente en medio de la imputación de cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público que involucra a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la Alcaldía de Daniel Quintero; las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, además del tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, salió a colación la injerencia de Miguel Quintero, en la contratación directa que se adelantó al interior de la entidad, por medio de chats claves que aunque ya se habían conocido en medio de este proceso judicial, de nuevo evidenciaron que direccionaba contrataciones.
De hecho, en uno de ellos es referenciado por una de las imputadas como “Miqui” y también es nombrado Álvaro Villada como “vi”.
La Fiscalía concluyó que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades en la contratación del Área Metropolitana, al acatar instrucciones de este tercero para nombrar funcionarios estratégicos, por ejemplos las dos ex subdirectoras ahora involucradas en este proceso, quienes presuntamente tenían orden directa de nombramiento de Miguel Quintero.
“Una conversación de fecha 20 de febrero del 2020 en la que el ciudadano Miguel Quintero consulta por una contratación de una persona en el área metropolitana del Valle de Urabá. De la cual se rinde cuenta Álvaro Alfonso Villada se evidencia conversación del 4 de abril del 2020 en la que Miguel Quintero indica acabo de reunirme con JP y Laura consulta quién es JP…()...ante lo cual Miguel Quintero le indica que es Juan Palacios”, dijo.
Además, reveló el fiscal que durante el tiempo de administración de Palacio Cardona se habría participado en reuniones y coordinaciones donde se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos dentro de la entidad.
Ante este material probatorio, para el procurador delegado de este caso, fue clara la explicación de la Fiscalía en cuanto al rol de Juan David Palacio en la omisión de vigilar los contratos por más de 18.000 millones de pesos.
“Frente a Juan David Palacio, a quien considera uno de los mayores artífices de este entuerto, pues era el director del área metropolitana, quien debió ejercer control, quien debió realizar los manejos y, sin embargo, pues diluye su responsabilidad en favor de Ana María Roldán y con Diana María Montoya Bailey”, aseguró.
Los sobrecostos revelados por la Fiscalía
Según dio a conocer el fiscal 40 para los delitos contra la administración pública, el exdirector del AMVA, Juan David Palacio Cardona, registra posibles sobrecostos por $1.212.248.302 y bienes o servicios no entregados por $1.268.901.800, para un total de $2.481.150.102.
Entre ellos figuran recargas de celular por cerca de 60 millones de pesos y servicios de transporte por 41.700.000 pesos.
En el mismo informe, la exsubdirectora ambiental Ana María Roldán Ortiz presenta presuntos sobrecostos por $251.915.280 y bienes no entregados por $474.441.800, mientras que Diana María Montoya Velilla acumula posibles sobrecostos por $960.333.022 y bienes no entregados por $794.460.000, alcanzando $1.754.793.022.
En el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Itagüí, el representante legal Misael Alberto Cadavid Jaramillo y el tesorero Juan Alberto Cardona figuran cada uno con posibles sobrecostos por $1.212.248.302 y bienes no entregados por $1.268.901.800, para un total de $2.481.150.102.
Además, el representante legal suplente Elkin de Jesús González Correa registra presuntos sobrecostos por $178.400.002, y la supervisora de contratos María Yaneth Rúa García aparece con los mismos valores atribuidos a Cadavid y Cardona.
Vale la pena recordar que el entramado de corrupción ocurrió entre 2020 y 2023, periodo en el que se celebraron seis contratos de contratación directa entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total de $17.656 millones.
Según la Fiscalía, el peculado por apropiación se estima en $2.481 millones, correspondientes a recursos públicos que habrían sido desviados mediante sobrecostos y bienes contratados que no fueron entregados.
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