Consejo de Estado ordenó a Profi Invest entregar información sobre hoja de vida de Jorge Carrillo

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, celebró el reciente auto del Consejo de Estado, en el que se ordena nuevamente a Profi InvestS.A. en liquidación entregar la información sobre la supuesta vinculación laboral de Jorge Carrillo para esta compañía y quien actualmente es presidente de ISA. La empresa había negado la entrega de esos datos en ocasiones anteriores, argumentando reserva de información personal.El Consejo de Estado emitió un auto en el que ordena requerir nuevamente a Profinvest S.A. en liquidación para que entregue, sin alegar ninguna reserva, la información relacionada con la supuesta vinculación laboral de Jorge Andrés Carrillo Cardoso en el año 2009. Según la magistrada de la Sección Quinta, la reserva de datos no es oponible a las autoridades judiciales, y la empresa deberá remitir la información en un plazo máximo de cinco días.El concejal de Medellín Alejandro de Bedout, celebró esta decisión, la cual calificó como relevante dentro del proceso de nulidad electoral que se adelanta contra Carrillo, actual presidente de ISA, a quien ha cuestionado la veracidad de algunos datos incluidos en la hoja de vida del funcionario.Entre los puntos citados por De Bedout está la afirmación de Carrillo de haber trabajado en ProfInvest S.A. desde enero de 2009, pese a que la empresa fue constituida formalmente en agosto de ese mismo año. De acuerdo con el concejal, las certificaciones aportadas por la compañía solo acreditan actividades en otros años lo que genera interrogantes sobre la experiencia reportada para 2009.“Las certificaciones entregadas solo respaldan actividades realizadas en el año 2010 y 2011, dejando un vacío crítico en la experiencia que aseguró tener para escalar a los máximos cargos en el país. Pese a estas inconsistencias evidentes que cualquier proceso serio de selección habría detectado en minutos, la misma hoja de vida inflada fue utilizada en el año 2021 para su designación como gerente de ISA”, aseguró.De Bedout también señaló que esa misma información fue utilizada en 2021 para la designación de Carrillo como gerente de EPM, mediante un decreto firmado por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y su secretaria privada de la época, María Camila Villamizar.El concejal asegura que estas actuaciones podrían dar lugar a posibles faltas disciplinarias o, incluso penales, como la presunta falsificación de documentos, y afirma que algunos documentos corporativos habrían sido negados bajo el argumento de reserva.De Bedout concluyó que esta decisión abre nuevas preguntas dentro del proceso judicial que sigue en curso, entre ellas: por qué no se verificaron con mayor rigor los antecedentes laborales de Carrillo antes de su nombramiento, por qué se mantuvieron sus ascensos pese a las alertas, y cuál es la razón de la insistencia en no entregar ciertos documentos.