La entidad advirtió que los habitantes del casco urbano y las zonas rurales de Briceño están expuestos a graves riesgos por la disputa armada entre el Frente 36, disidente del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de Bloques y Frentes, y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, surgido este año tras la división del Frente 18.
Además, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) mantiene una confrontación paralela con el Frente 36, lo que ha exacerbado la violencia en la región.
Según el informe, la reciente salida del Frente 18 del Estado Mayor y su adhesión al Nuevo Estado Mayor Central (EMC), estructura disidente bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, podría agravar la situación. Briceño es considerado un corredor estratégico para el control territorial y la obtención de rentas ilícitas derivadas de los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.
Graves consecuencias humanitarias
Hasta septiembre de 2025, la Defensoría registró diez homicidios de jóvenes entre 17 y 28 años y un desplazamiento masivo de 1.033 familias (2.110 personas) ocurrido en octubre, luego de que el Frente 36 ordenara el éxodo ante la inminencia de combates con el EGC.
Las comunidades viven bajo gobernanza armada, expresada en panfletos con amenazas selectivas, restricciones a la movilidad y la imposición de “pautas de comportamiento”, como la prohibición de circular de noche o la exigencia de permisos comunales para ingresar al territorio.
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La Defensoría documentó, además, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como ataques contra la misión médica, entre ellos la agresión a un paciente transportado en ambulancia en julio, y la contaminación con minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, usados como mecanismo de control territorial.
Poblaciones en alto riesgo
Los niños, niñas y adolescentes representan más de una tercera parte de la población y enfrentan riesgo de reclutamiento forzado, debido a las tácticas de manipulación emocional del Frente 36.
Las mujeres son blanco de estigmatización y violencia, especialmente aquellas que trabajan en establecimientos frecuentados por los grupos armados.
Asimismo, docentes han sido amenazados y forzados a abandonar el municipio, afectando el acceso a la educación.
Llamado urgente a las autoridades
La Defensoría formuló 18 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial, entre ellas los ministerios del Interior y de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Protección, el ICBF y la Gobernación de Antioquia.
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El objetivo es promover una respuesta inmediata basada en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y seguridad humana, enfocada en la prevención de la violencia, la protección de líderes y comunidades vulnerables, la atención humanitaria y el acceso a la justicia para investigar los delitos cometidos por los grupos armados.
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