No paran las reacciones de diferentes entidades y personajes de la política ante los hechos registrados en Medellín, durante la manifestación a favor del pueblo palestino, jornada que terminó en desmanes en un sector de El Poblado, dejando por lo menos dos ciudadanos heridos y según la Alcaldía, a 10 gestores también con lesiones.
Esta vez la Defensoría del Pueblo calificó como posibles violaciones a los derechos humanos lo acontecido en la ciudad, por parte de gestores contratistas de la Secretaría de Seguridad. Según indicó la defensora Iris Marín, estuvieron en el puesto de mando unificado, desde donde recomendaron asegurar que los equipos desplegados en terreno garantizaran el carácter pacífico de estas protestas.
"Nos preocupó que allí se dieron directrices de disolución de la protesta que, de no ser cumplidas, podrían tener consecuencias en la continuidad de los contratos de los gestores. En ningún caso, deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de las marchas o concentraciones ciudadanas, especialmente, si la disolución es realizada por contratistas", indicó la defensora.
Marín reprochó que quienes entraran a disolver la manifestación no fueran parte del contingente de la Policía, como dicta la norma, a través de la UNDMO (antes ESMAD) que están entrenados para ello y deben llegar primero con el diálogo en estos casos.
De otro lado, la defensora mostró su preocupación por el comportamiento del concejal Andrés Rodríguez, quien hizo presencia en las protestas con un bate y quedó registrado en videos que circulan en las redes sociales discutiendo con algunos de los manifestantes.
"Manifestamos también nuestra preocupación por actos atribuidos al concejal Andrés Rodríguez, en los que se le observa portando un bate y profiriendo expresiones violentas contra los manifestantes. Este tipo de comportamientos constituyen una incitación a la violencia e implican un incumplimiento del deber de los servidores públicos de promover la paz y proteger los derechos de todas las personas", detalló.
Finalmente esta agencia del Ministerio Público instó a las autoridades a iniciar las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes contra los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes.
Manifestantes piden garantías
Por su parte, el Movimiento de Solidaridad con Palestina denunció que la marcha, pese a ser pacífica la mayoría del tiempo “fue bloqueada y agredida por el grupo Seguridad y Control, adscrito a la Alcaldía”. Según el comunicado, este cuerpo civil “actuó con violencia física y verbal contra los manifestantes, con presencia del subsecretario de Seguridad, general (r) Pablo Ferney Ruiz, y del concejal Andrés Rodríguez, quien habría amenazado a los asistentes”.
Las organizaciones rechazaron las versiones oficiales que acusan a los marchantes de poner en riesgo a la ciudadanía y exigieron respeto al derecho constitucional a la movilización. También pidieron a la Personería y a la Procuraduría "investigar los abusos cometidos y detener la estigmatización de las protestas sociales", reiterando que la manifestación “fue pacífica y legítima”.
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