Polémica ha generado en Medellín la denuncia de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, que asegura que desde el 27 de agosto, 490 mujeres se quedaron sin representación legal en 580 procesos penales, de protección y disciplinarios, por violencias basadas en género.
Desde la mencionada fecha, culminó el contrato entre esta entidad y esta dependencia de la Alcaldía de Medellín, que aunque contaba con la adición al presupuesto que aprobó el Concejo en diciembre de 2023 para la cobertura de los mecanismos de atención, manifestó que había una supuesta disminución de recursos.
"Nos preocupa la falta de idoneidad y la flagrante inexperiencia del tecnológico de Antioquia, ya que esto se traduce en una exposición a mayor violencia institucional de las víctimas, que no se generen los resultados de fondo que demandan las mujeres y que el Estado debe garantizar", dijo Nathalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer.
En contraste, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, expuso que durante esta semana se resolvería la situación y que de momento, a las mujeres les ofrecieron dos alternativas de defensa jurídica mientras se logra la contratación con el Tecnológico de Antioquia.
"Por supuesto que hubo una reducción, pero en ítems que considerábamos que por la naturaleza del contrato le corresponden al contratista. El Tecnológico de Antioquia es una entidad pública con una experiencia en servicios jurídicos con enfoque de género que cuenta con la idoneidad, capacidad técnica, jurídica y financiera para ejecutar este objeto contractual", detalló la funcionaria.
La reducción habría sido de más del 71 % de los recursos destinados al plan de profesionalización del equipo, con el cual se mitigan los riesgos psicosociales, se promueve la salud mental y seguridad del personal que atiende a víctimas de violencias basadas en género, según indicó esta colectiva de abogadas.
Molina argumentó que en este cuatrienio, elevaron la meta de atención de 1.147 a 1.924 mujeres, 777 mujeres más que el periodo anterior y que la reducción del presupuesto no compromete la calidad de la atención, el impacto del mecanismo, ni la seguridad de las profesionales.
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