La situación humanitaria en el municipio de Remedios, ubicado en el Nordeste antioqueño, se sigue deteriorando, por el avance del Clan del Golfo, según lo denunció el Proceso Social de Garantías (PSG) y la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia.
Estas ONG pidieron a las autoridades una intervención prioritaria, tras evidenciar un incremento de hostigamientos, restricciones a la movilidad y la instalación de retenes ilegales por parte de este grupo armado ilegal.
Los hechos más recientes ocurrieron en las veredas Lejanías donde se reportó la presencia de hombres armados, detención de civiles y un ambiente de zozobra generalizada. También en fincas de las veredas Plaza Nueva y Caño Tigre se registró una nueva avanzada de miembros de este grupo. Pese a la presencia ocasional del Ejército Nacional, la comunidad denuncia la falta de acciones efectivas, mientras continúa el riesgo de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el desplazamiento forzado de habitantes.
"La presencia del Clan del Golfo, presencia de las FARC y presencia del ELN hay a lo largo y ancho del departamento, en grupos muy pequeños, en grupos atomizados, que les permite a ellos de dos, tres hombres mostrar presencia, especialmente en zonas rurales donde hay ausencia de fuerza pública. Es lo mismo de siempre", indicó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, al ser consultado por este caso.
Las comunidades más afectadas incluyen veredas como Camelias Dos, El Puna, La Cruz Bajitales, Santa Marta, Carrizal y El Popero, donde se ha documentado la presencia de minas antipersonales, cilindros bomba y otras formas de violencia que vulneran el Derecho Internacional Humanitario, insistió esta ONG.
"Si nos vamos al Magdalena Medio, encontramos Clan del Golfo, encontramos FARC, encontramos ELN. Si nos vamos al Bajo Cauca Igual, al Oriente, al Occidente, al Norte, el departamento tiene la presencia de grupos armados ilegales en los cuatro puntos cardinales. Pero vuelvo y les repito, las personas, los ciudadanos pueden tener la confianza de que hay una fuerza pública comprometida con la seguridad de los ciudadanos", agregó el secretario.
Las organizaciones sociales alertan sobre el confinamiento de las comunidades del sector y la creciente militarización del territorio por estructuras armadas ilegales que buscan control territorial. Por ello, reiteran la petición al gobierno nacional de garantizar la vida, la seguridad y la permanencia digna de las comunidades rurales, “con una respuesta clara y sostenida frente a la crisis”.
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