La defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió las alarmas ante el recrudecimiento de la violencia en esta zona, donde se libra una disputa territorial por el control de economías ilegales y rutas estratégicas. En los últimos meses se han documentado varios incidentes que han generado temor entre la población y el desplazamiento de familias enteras.
La situación se agrava con la presencia de disidencias armadas, al mando de alias ‘Calarcá’, que aumentan la presión sobre las comunidades rurales.
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Marín señaló que la acción de la fuerza pública es legítima y necesaria para retomar el control del territorio; no obstante, pidió que se adelante con máximas precauciones, a fin de evitar que la confrontación incremente el riesgo de desplazamientos masivos y afectaciones a la población civil.
La defensora instó a la Unidad para las Víctimas y a las entidades territoriales a activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, brindar albergue y acompañamiento psicosocial a las familias afectadas, y garantizar el retorno digno y seguro de quienes han debido huir de sus tierras.
La crisis en Anorí refleja un patrón de violencia que se repite en distintas zonas del nordeste antioqueño, donde la expansión del Clan del Golfo y la presencia de disidencias continúan poniendo en riesgo a las comunidades campesinas, que piden no ser olvidadas en medio del conflicto.