Docentes de la Universidad de Antioquia advierten que la crisis financiera comprometerá el pago de la nómina y la prima, la liquidación de los docentes de cátedra y el cumplimiento con los proveedores al cierre de 2025. Piden al Gobierno nacional gestionar recursos para el salvamento institucional.
Preocupación manifestaron los docentes de la Universidad de Antioquia ante el panorama financiero de cara al cierre de 2025. Aunque las directivas han implementado acciones en el marco del plan de austeridad, aún se requieren cerca de 148 mil millones de pesos para cumplir con las obligaciones hasta diciembre del próximo año.
Si bien la cifra fue confirmada recientemente por el propio rector, John Jairo Arboleda, en un comunicado el profesorado pidió un salvavidas económico para la institución y señaló que, de acuerdo con los indicadores institucionales, existe un déficit de liquidez de 160 mil millones de pesos, por lo que, en su concepto, no hay garantía para el cierre financiero de 2025 sin comprometer el pago de la nómina, la liquidación de los docentes de cátedra, el reconocimiento de la prima y el cumplimiento con los proveedores.
María Isabel Duque, representante de los docentes ante el Consejo Superior, manifestó que se prevé una fuerte afectación para 2026 en el cuerpo profesoral.
“El presupuesto de 2026 está en riesgo. Necesitamos rebajar más de 100 mil millones para poder ajustarnos a las necesidades financieras de la universidad, lo que es muy crítico porque puede implicar reducir muchas de las actividades misionales que realizamos. Alrededor de 5.000 profesores y profesoras de cátedra, y más de 3.000 vinculados, conformamos el cuerpo docente”, aseguró la docente. Para superar esta grave crisis, el profesorado considera que el Gobierno Nacional debe realizar una gestión de recursos como medida excepcional de salvamento institucional. También pidió celeridad a la Cámara de Representantes para que avance con urgencia en los debates restantes de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.
“Que la universidad y la educación pública se saquen de esa disputa y nos unamos todos haciendo un llamado a la Cámara de Representantes, porque en estos momentos estamos pendientes de dos debates para que se apruebe la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que implican una mayor financiación para la educación pública. Es necesario que eso se apruebe este año”, indicó. Además, este estamento considera que la Gobernación de Antioquia debe contemplar una mayor transferencia de base presupuestal a la Universidad de Antioquia. A la par, pidieron al Distrito de Medellín propiciar estrategias normativas que permitan alivios en el pago de servicios públicos, impuesto predial y otras cargas tributarias.
Vale la pena mencionar que, en el reciente reporte entregado por el rector Arboleda, este reconoció que contar con una planta docente altamente calificada —donde el 64 % tiene título de doctorado— y el incremento desproporcionado año a año del salario de los funcionarios públicos frente al IPC, son factores que ejercen una fuerte presión sobre las finanzas de la institución.
Para el cierre de 2025, se estima que la desfinanciación histórica del sistema universitario estatal ronde los 19 billones de pesos, de los cuales 400 mil millones corresponden a recursos que ha dejado de percibir en el tiempo la Universidad de Antioquia.
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