La Fiscalía General de la Nación indicó que, luego de recoger el material probatorio suficiente, un juez de control de garantías envió a la prisión a 18 hombres y 3 mujeres que pertenecerían al grupo delincuencial 'La Veracruz', quienes cobraban extorsiones a comerciantes, vendedores ambulantes, dueños de hoteles, transportadores, integrantes de la población LGTBIQ+ y trabajadoras sexuales en el sector La Candelaria de Medellín.
Las investigaciones hechas durante varios meses determinaron que estas personas también estarían vinculadas a la venta de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo, así como ya las mencionadas extorsiones para que pudieran realizar sus labores cotidianas en sectores como Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito.
El fiscal del caso relató durante las audiencias la importancia de esta medida de aseguramiento debido a la injerencia criminal de 'La Veracruz' en la zona comercial más importante de Medellín.
"Han convertido el espacio público en un territorio controlado por el miedo, en el que trabajadores informales, vendedores ambulantes, conductores de transporte informal, quienes han sido sometidos a un régimen de terror y violencia, que se remonta aproximadamente al año 2015 hacia adelante", mencionó.
Según las autoridades en la capital de Antioquia el líder de la organización delincuencial es Fred Alexander Molina Álvarez, que sería el encargado de identificar los objetivos a los que después se les cobraba las extorsiones.
Además, Molina tenía bajo su mando algunos coordinadores de zona, entre ellos, alias 'Barbado', alias 'Tatuado', alias 'Monito', alias 'Ossa', alias 'Ramiro' y alias 'Zarco'.
Una de las acciones delictivas que más llamó la atención de la Fiscalía General de la Nación fue la manera en cómo le hacían los cobros a las trabajadoras sexuales, realizando presiones físicas para que entregaran el dinero.
"Son obligadas a realizar pagos semanales que oscilan entre los 10.000 y 100.000 pesos bajo la amenaza explícita de ser golpeadas, apuñaladas, expulsadas de sus zonas de trabajo", aseguró el fiscal.
Las autoridades dejaron en evidencia que en uno de los hechos, un comerciante alcanzó a pagar cerca de 25 millones de pesos y meses después entraron hasta el local del hombre y lo obligaron a entregarles lo que había generado en el día, así como otros bienes de valor.
Por todos estos hechos se les imputó a las 21 personas los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado, todas las conductas agravadas.
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