Formulan pliego de cargos contra exgerente de Afinia por irregularidades en un contrato

La Procuraduría formuló un pliego de cargos contra el exgerente de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, y otra funcionaria de la filial de EPM, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato.La lupa puesta desde Medellín, especialmente por el actual alcalde Federico Gutiérrez, como presidente de la Junta de EPM, señala que la gerencia de la filial Afinia, que atiende la Costa Caribe, bajo la administración del exalcalde Daniel Quintero, habría comprado el nombramiento, supuestamente de Javier Lastra Fuscaldo, por 8 millones de dólares.Tanto el gerente de EPM, Jhon Maya Salazar, como el alcalde Gutiérrez han denunciado presuntos actos de corrupción en esta empresa.Ante estas denuncias, en las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos en contra de Javier Lastra Fuscaldo, exgerente general de Afinia, y María Eugenia Díaz Vega, gerente de Servicios Empresariales de la compañía, por intervenir de manera directa en el proceso contractual de adjudicación de construcción y mantenimiento de redes de distribución eléctrica a cargo de la filial de EPM. Este contrato tuvo vigencias futuras superiores a 330.000 millones de pesos.Según el ente de control, la intervención consistió en terminar de manera anticipada, sin sustento legal alguno y en contra de lo establecido en el manual de contratación de Afinia, un proceso contractual en curso para adjudicación, para iniciar otro nuevo con las mismas características y condiciones, y así poder direccionar la adjudicación.De acuerdo con el pliego de cargos, los gerentes Lastra Fuscaldo y Díaz Vega “habrían actuado en contra de la Ley, afectando la transparencia y la objetividad en un proceso contractual que buscaba adjudicar recursos públicos. La Procuraduría subraya la importancia de este caso debido al impacto que las decisiones investigadas podrían tener sobre la confianza en las instituciones públicas”.Este proceso se adelantó por medio de la Regional de Instrucción Bolívar, que imputó cargos a los dos altos directivos por las presuntas irregularidades en un contrato para actividades relacionadas con la distribución de energía.