Gobernador de Antioquia denuncia chuzadas de la Fiscalía: proceso tuvo aval de Tribunal de Bogotá

A las líneas telefónicas de al menos diez personas, incluyendo funcionarios del gobierno de Antioquia, excontratistas del municipio de Rionegro y del mismo gobernador Andrés Julián Rendón, tuvo acceso por varios días la Fiscalía General de la Nación.Esto, en medio de las investigaciones que avanzan en el caso judicial que enreda al mandatario por presuntas irregularidades en la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro durante su periodo como alcalde de esta localidad del Oriente del departamento entre 2016 y 2019.Esas estructuras construidas en los sectores Cuatro esquinas y San Antonio de Pereira no entraron en funcionamiento en la fecha establecida por, presuntamente, haberse construido en una propiedad privada y otro en un lote con destinación pública pero donde estaba previsto un gimnasio al aire libre.En su momento, la Policía tampoco brindó el aval porque dijo que no estaba dentro de su inventario y no se podían destinar funcionarios, por lo que se le señala responsable fiscal por un detrimento patrimonial de casi 1.270 millones de pesos.Las intervenciones de las líneas telefónicas se conocieron a finales de julio cuando Diana Yolima Niño, fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, tribunal donde avanza el proceso contra Rendón, solicitó ante un juez avalar la legalidad de estas acciones que iniciaron desde el 14 de mayo.Las maniobras de la Fiscalía han generado críticas como la del propio gobernador Rendón. “Los servidores públicos, yo el primero, debemos dar ejemplo y responder por nuestros actos. Pero cuando se ordena afanosamente espiarme, como también algunos de mis colaboradores, para supuestamente investigar unos hechos de hace seis años, es abuso de poder", expresó.Sectores políticos de Antioquia cercanos al mandatario antioqueño como el caso de su partido, Centro Democrático, lo respaldaron y calificaron las acciones como de "gravedad extrema".La colectividad dijo: "que las instituciones están siendo utilizadas como herramienta de intimidación contra la oposición", se lee en un comunicado de prensa en el que dejaron también de por medio que no es un tema menor que en documentos del proceso se le señale a Rendón de imputado y acusado sin serlo.Lo que se ha podido establecer es que fue un procedimiento que se avaló el pasado 13 de agosto por tres magistrados de la Sala Penal Superior del Tribunal Superior de la ciudad de Bogotá.Allí se adelantó el proceso de legalidad para hacer interceptación de las líneas del Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y otros exfuncionarios, porque hace parte de los actos del caso, en medio de la investigación que orienta una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.Lo que conoció Blu Radio es que todavía ese proceso judicial avanza en etapa de indagación y este procedimiento es objeto de estudio, que se evaluará y que, por el momento, no es sujeto de responsabilidad penal como lo señaló el gobernador Rendón.