Las autoridades mantienen las labores de búsqueda para dar con el paradero del ganadero Oclides Carrillo Hernández, desaparecido desde el pasado viernes en la vereda Piletas, corregimiento La Tigra, en el municipio de Rionegro, Santander. Mientras avanzan las investigaciones, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada emitieron un comunicado en el que negaron cualquier responsabilidad del secuestro. La Gobernación de Santander informó que, desde que se conoció la desaparición, la Quinta Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional, a través de los grupos GAULA, adelantan operativos de búsqueda e investigación, además de brindar acompañamiento permanente a los familiares del ganadero.Las autoridades realizan labores de verificación de información suministrada por fuentes humanas y el análisis de elementos técnicos y tecnológicos con el propósito de establecer las circunstancias de la desaparición y lograr la pronta ubicación del ciudadano.Como parte de las acciones para fortalecer la investigación, la Administración Departamental anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita encontrar a Oclides Carrillo Hernández. La Gobernación aseguró que se garantizará absoluta reserva a quienes aporten datos relevantes.En medio de la incertidumbre por el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada difundieron un comunicado en el que negaron ser responsables de la desaparición del ganadero. No obstante, las autoridades no han atribuido oficialmente el hecho a ninguna organización y continúan desarrollando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.La desaparición de Oclides Carrillo Hernández ha generado preocupación en el sector ganadero y entre los habitantes de Rionegro, debido a los antecedentes de hechos de violencia y secuestros registrados en algunas zonas rurales del departamento. Las autoridades de Santander mantienen activos los operativos de búsqueda y reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya a ubicar al ganadero y esclarecer las circunstancias de su desaparición.
Capturaron en el aeropuerto de Rionegro a un ciudadano mexicano con circular roja de Interpol por un fraude millonario en la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. La Fiscalía adelanta los trámites para su extradición.Se trata de Bryan Gardea fue capturado en medio de controles por parte de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Este sujeto tenía notificación Roja de Interpol, por parte de la Corte Distrital de Nuevo México, debido a que habría orquestado una estructura delictiva que defraudó programas de asistencia económica implementados durante la pandemia por COVID-19.Esta organización obtuvo ilícitamente aproximadamente 1.041.165 dólares, valiéndose de la creación de empresas ficticias, falsificación de documentos y la presentación de declaraciones financieras fraudulentas.El expediente judicial detalla que los recursos obtenidos fueron desviados a cuentas personales para gastos particulares y la adquisición de bienes inmuebles, configurando delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.Después de su detención por parte de las autoridades colombianas en Antioquia, el ciudadano extranjero fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, donde actualmente está bajo la autoridad de la Dirección de Asuntos Internacionales para iniciar los procedimientos legales pertinentes que concluirán con su extradición a los Estados Unidos, donde deberá enfrentarse a la justicia.
Habitantes de siete comunidades del Bajo Rionegro en Santander iniciaron una protesta con bloqueo indefinido sobre la vía La Lizama – San Alberto, a la altura del sector conocido como El Taladro, para exigir el cumplimiento de varios compromisos relacionados con infraestructura vial, acueducto, gas domiciliario, alcantarillado y recolección de basuras.La manifestación afecta la movilidad en el corredor que comunica a Sabana de Torres con San Alberto. El cierre se realiza de manera intermitente, los manifestantes bloquean totalmente el paso durante una hora y posteriormente habilitan la circulación de vehículos durante diez minutos en ambos sentidos, esquema que se repite de forma continua.En la protesta participan habitantes de las veredas San José de los Chorros, Montañitas, Los Socorranos, Papayal, San Rafael, Salinas y 20 de Julio, quienes anunciaron que permanecerán en el lugar hasta obtener respuestas concretas por parte de la Gobernación de Santander.Entre las principales exigencias se encuentra la pavimentación de dos kilómetros con cemento asfáltico natural, la construcción de 500 metros de placa huella para cinco comunidades, la ejecución del proyecto de acueducto para Papayal, el restablecimiento del servicio de gas para cuatro sectores, la inclusión de cinco comunidades de San Rafael en el proyecto de alcantarillado y la implementación de la recolección semanal de residuos sólidos en Papayal y San Rafael.Los líderes de la movilización señalaron que recientemente fueron informados de que las obras comenzarían solo hasta diciembre del próximo año, plazo que consideran inaceptable por representar un nuevo aplazamiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.Durante la jornada, los manifestantes expresaron su inconformidad con la administración departamental y que, pese a los compromisos asumidos en diferentes reuniones, no han visto avances en las obras solicitadas.
A pocas semanas de que se cumpla un año de la trágica muerte de Jaime Esteban Rendón, se conoció que su homicida, Jesús Darío Bustamante, fue condenado a 17 años de prisión por el delito contra el funcionario público. El victimario de 62 años ya había sido condenado por porte ilegal de armas de fuego.Hay que recordar que este hecho ocurrió cuando Rendón, funcionario público de la Alcaldía de Rionegro y paseador de perros, estaba paseando uno de sus animales que ingresó al jardín de Bustamante lo que provocó la reacción violento del hombre mayor que accionó un arma de fuego.Ahora tras las investigaciones hechas durante el último año, Bustamante fue condenado por el delito contra el funcionario público, sentencia que sería apelada por la defensa de Rendón.Cabe recordar que, meses atrás, el Tribunal Superior de Antioquia anuló un preacuerdo que contemplaba una reducción del 50 % de la pena para el procesado, al considerar que dicho beneficio desconocía los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.Asimismo, mencionar que ya la Fiscalía General de la Nación lo había acusado como autor del delito de homicidio agravado porque, “actuó por un motivo fútil, es decir, por algo insignificante, una discusión con unas mascotas, y porque usted aprovechó la indefensión de la víctima, él estaba desarmado, y, además, lo puso en inferioridad al provocarle un primer disparo con ese propósito, reducirlo”.
Habitantes de los barrios Mirabel, El Punto y Villas del Socorro, en Rionegro, Santander, bloquean la vía que comunica a Bucaramanga con la Costa Atlántica para exigir soluciones definitivas a las fallas en el suministro de agua potable que, según denuncian, padecen desde hace varios años.La protesta se desarrolla en el sector conocido como la curva de Cristo Rey, donde decenas de residentes impiden el paso vehicular como medida de presión ante lo que califican como incumplimientos reiterados por parte de las autoridades municipales y de la empresa prestadora del servicio.Los manifestantes aseguran que, aunque han sostenido múltiples reuniones con la Alcaldía, la empresa Emservir y otros organismos locales, los compromisos adquiridos no se han materializado y las deficiencias en el servicio continúan afectando a cientos de familias.“Llevamos años en esta lucha. Siempre hemos estado con la Alcaldía, la empresa Emservir y la Personería, pero lastimosamente siempre nos dan fechas y nunca nos cumplen”, afirmó Lady Carolina Joya, presidenta de la Junta de Acción Comunal de los barrios Mirabel, El Punto y Villas del Socorro.Según la líder comunal, el principal problema es la intermitencia en el suministro de agua. Explicó que en muchas ocasiones el servicio llega únicamente durante la madrugada, obligando a los habitantes a permanecer despiertos para almacenar agua y cubrir sus necesidades básicas.“El barrio recibe agua de manera intermitente, cuando deberíamos abrir la llave en cualquier momento y tener el suministro. Nos llega en la madrugada y nos toca trasnocharnos recogiendo agua para poder sobrevivir”, señaló.La comunidad aseguró que la protesta se realiza de manera pacífica y que se mantiene habilitado un corredor humanitario para permitir el paso de ambulancias, pacientes y demás casos prioritarios.Los manifestantes también solicitaron la presencia de entidades nacionales que puedan mediar en la situación y verificar los compromisos asumidos por las autoridades locales.“Necesitamos que llegue un ente de control que no sea de acá, porque siempre nos dicen cosas y nunca nos cumplen. Necesitamos que venga la Superintendencia de Servicios Públicos, la Defensoría del Pueblo o incluso el gobernador de Santander”, agregó Joya.Los habitantes recordaron que no es la primera vez que recurren a bloqueos para llamar la atención sobre la problemática. En ocasiones anteriores se firmaron actas de compromiso que, según afirman, nunca fueron cumplidas.“Siempre llegamos a acuerdos, se firman actas y se establecen fechas, pero llega el momento y no pasa nada. Ya estamos cansados de esta situación y no sabemos qué más hacer”, indicó la dirigente comunal.Hasta el momento, la comunidad anunció que permanecerá en el lugar hasta obtener respuestas concretas y soluciones que garanticen un suministro permanente de agua para los tres sectores afectados.
La rápida reacción de las autoridades permitió recuperar la totalidad de 43 millones de pesos que habían sido hurtados de una vivienda en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, y así capturar a dos personas señaladas de participar en el hecho delictivo.Según informó la Alcaldía de Rionegro, el caso ocurrió en una residencia ubicada en la tercera etapa del barrio El Porvenir. Allí, varios individuos ingresaron mediante la modalidad de engaño y lograron apoderarse de una caja fuerte que contenía cerca de 43 millones de pesos en efectivo.Tras recibir la denuncia de la víctima, unidades de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para atender la situación y recopilar información sobre los responsables y el vehículo utilizado para la huida.De manera simultánea, operadores del Centro de Monitoreo y Control de Rionegro realizaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad del municipio, lo que permitió identificar el automotor en el que se movilizaban los sospechosos.La secretaria de Seguridad, Carolina Tejada, indicó que con los datos, las autoridades activaron un plan candado y coordinaron acciones con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Al establecer que el vehículo se dirigía hacia Medellín"Como resultado de esta acción operativa, se logra la recuperación total de los 43 millones de pesos, la captura de los dos sujetos presuntamente responsables de la comisión de este hurto, una incautación de un arma de fuego y dos equipos móviles", dijo la funcionaria.Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial correspondiente, mientras que los bienes recuperados fueron devueltos a sus propietarios.
Los espacios de la Institución Educativa Ana Gómez de Sierra de la vereda La Playa en el municipio de Rionegro se convirtieron por algunos minutos en un verdadero campo de batalla tras el airado reclamo de unos padres de familia a una docente del plantel por los presuntos malos tratos a una estudiante.Videos que se han hecho virales en redes sociales evidenciaron los momentos de tensión que se vivieron en la institución, incluso en algunos momentos al interior de una aula de clase con estudiantes y que obligaron a suspender por varios minutos las actividades académicas."A los niños los mandabamos al colegio a aprender, a que usted los eduque, no a que usted me venga a cargar la niña. Y ahora todo el salón se la pasa diciendo 'entonces qué, lo va a silvar o lo va a mamar'. Gracias a qué, con qué derecho, qué le da derecho", dice en uno de los momentos de mayor exaltación la madre de familia.Como consecuencia de la situación, la Alcaldía de Rionegro informó que la educadora sufrió fracturas y actualmente recibe el acompañamiento por parte de las autoridades competentes.“Desde la Secretaría de Educación se viene realizando seguimiento al caso en articulación con las directivas de la institución educativa, con el propósito de conocer de manera objetiva las circunstancias que rodearon lo ocurrido, garantizando el debido proceso, la protección de los derechos de todas las personas involucradas y el bienestar de la comunidad educativa”, indicó la administración local en un comunicado.De igual manera, las autoridades pidieron que las diferencias, inquietudes o inconformidades sobre situaciones al interior de los planteles se tramiten a través de los canales institucionales, privilegiando siempre el diálogo, el respeto y la convivencia.
Autoridades del municipio de Rionegro capturaron a una mujer señalada de presuntamente causar la muerte de otra femenina en medio de un hecho de intolerancia ocurrido al interior de una vivienda en esa localidad del Oriente antioqueño.Los hechos se registraron hacia las 11:00 de la noche de este miércoles 27 de mayo, en el sector Alto del Medio, luego de que a la línea de emergencias 123 ingresara una llamada alertando sobre una riña al interior de una residencia. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía Nacional fueron abordados por un ciudadano que les informó sobre una discusión que se habría presentado entre dos mujeres que, al parecer, estarían consumiendo bebidas alcohólicas desde horas de la tarde.Durante la verificación realizada por las autoridades, fue hallada una mujer inconsciente al interior de una de las habitaciones de la vivienda. De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio hicieron presencia en el lugar y confirmaron la falta de signos vitales de la víctima, una mujer de 50 años de edad cuyo deceso estaría asociado, preliminarmente, a un posible caso que guarda relación con su pareja.Hernán Cerón, subsecretario de Seguridad de Rionegro, pidió a la ciudadanía resolver sus conflictos de manera pacífica. "Invitamos a la ciudadanía a tener más tolerancia, a solucionar esos problemas de manera pacífica, acudir a esos canales que le brinda tanto la administración municipal como la justicia para arreglar esos conflictos. Estamos atentos en nuestro centro de monitoreo y control a recepcionar y brindar esa ayuda necesaria que requiera nuestra comunidad", indicó.Tras la captura de la presunta responsable del hecho, esta fue puesta a disposición de la Fiscalía y deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de homicidio. De acuerdo con las primeras hipótesis, este lamentable caso estaría relacionado con un hecho de carácter pasional y de intolerancia, ocurrido en medio del aparente consumo de alcohol al interior de la residencia.
La posibilidad de trasladar residuos sólidos del municipio de Rionegro hacia San Gil generó una respuesta inmediata por parte del alcalde de San Gil, Edgar Orlando Ariza, quien desmintió públicamente que exista algún acuerdo o acercamiento para recibir basuras provenientes de esa población santandereana.El pronunciamiento se da, luego de que el alcalde de Rionegro, Héctor Santana Muñoz, señalara que una de las alternativas para atender la acumulación de residuos era trasladar las basuras hacia el sitio de disposición en San Gil, debido a las dificultades para llevar los desechos hasta Aguachica, Cesar, donde actualmente enfrentan bloqueos y protestas de ciudadanos que reclaman por el mal estado de la vía hacia el relleno sanitario.Frente a esta situación, el mandatario de San Gil fue enfático en asegurar que no existe ningún proceso en marcha para recibir residuos de otros municipios.“Sobre una posible llegada de residuos sólidos provenientes de Rionegro a nuestro San Gil, debo decir que no existe ningún acercamiento ni negociación ni mucho menos un proceso contractual para recibir residuos. Ni de Rionegro ni de ningún otro municipio”, afirmó Ariza.El alcalde aseguró que comprende la situación que atraviesa Rionegro y expresó solidaridad con la comunidad afectada por la problemática de basuras. Sin embargo, reiteró que su principal responsabilidad es garantizar el adecuado manejo ambiental y la prestación del servicio en San Gil.“Mi deber principal es con nuestro municipio de San Gil. La disposición que hace Acuasan en el municipio se maneja con todo rigor. No podemos ser irresponsables al poner en riesgo la disposición final de los residuos de los sangileños, que son los únicos de los que se recibe residuos en nuestra cárcava”, indicó.Ariza también explicó que cualquier eventual manejo de residuos provenientes de otros municipios debe cumplir con procesos técnicos y autorizaciones ambientales que no dependen de decisiones improvisadas ni de la administración municipal.“Como Acuasan, nuestra empresa de aseo, no contemplamos esa posibilidad. No voy a tomar decisiones que puedan afectar la prestación del servicio para los sangileños ni cargarle al municipio responsabilidades que no le corresponden”, agregó.El mandatario reconoció además que existe una empresa privada del sector sobre la cual la Alcaldía no tiene competencia, aunque dejó clara su postura frente al tema. “Mi posición es primero San Gil y el cuidado ambiental”, puntualizó.Mientras tanto, en Rionegro continúa la preocupación de la comunidad por la acumulación de residuos sólidos, una problemática que ya provocó protestas de habitantes que incluso dejaron bolsas de basura frente a la Alcaldía municipal exigiendo soluciones inmediatas.
La grave acumulación de basuras en Rionegro, Santander, que llevó a decenas de habitantes a dejar las basuras frente a la Alcaldía municipal como protesta, obligó a la administración local a declarar la emergencia sanitaria para restablecer el servicio de recolección y disposición final.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana Muñoz, explicó que la problemática se originó por el bloqueo de las vías que conducen al relleno sanitario de Aguachica, Cesar, lugar donde el municipio venía realizando la disposición final de los residuos desde hace más de dos años.“Nosotros contemplábamos la posibilidad de que se levantara el paro en Aguachica y se pudiera disponer de manera normal. Sin embargo, eso no ocurrió y tuvimos que declarar la emergencia sanitaria para poder hacer un contrato con Emservir”, señaló el mandatario.Según explicó Santana Muñoz, la situación logística cambió radicalmente desde que Rionegro dejó de disponer residuos en El Carrasco, en Bucaramanga, y comenzó a trasladarlos hasta Aguachica.“Antes nos demorábamos una hora haciendo la disposición en El Carrasco y ahora son cerca de seis horas para llegar hasta Aguachica”, indicó.El alcalde precisó que la protesta en Aguachica, relacionada con el presunto incumplimiento en la pavimentación de una vía, impidió el tránsito de los vehículos recolectores hacia el sitio de disposición final.Frente a esta contingencia, la Alcaldía inició un proceso para contratar una nueva operación de transporte y disposición de residuos hacia San Gil. Sin embargo, el mandatario aclaró que, pese a la emergencia, debían cumplirse los procedimientos legales y contractuales establecidos.“Por más que esto sea una calamidad y una emergencia sanitaria, nosotros no podemos violar los temas de contratación. Debemos cumplir unos requisitos establecidos en la ley”, manifestó.El mandatario indicó que las cotizaciones necesarias para avanzar con el contrato interadministrativo con la empresa Emservir solo fueron entregadas el lunes 25 de mayo, lo que retrasó el inicio de la nueva operación. Además, señaló que este martes 26 de mayo se adelantaría la compra de las pólizas requeridas para habilitar los vehículos.“Esperamos que apenas estén activas las pólizas podamos volver a la normalidad en la recolección de residuos”, agregó.Mientras se concreta la nueva operación, la administración municipal realizó durante la madrugada labores de recolección para retirar las basuras acumuladas en las calles y las que fueron dejadas frente al Palacio Municipal durante la protesta ciudadana.Por su parte, Ismaris Ortíz, gerente de Veolia para Santander y Cesar, aclaró que la empresa no presta directamente el servicio de aseo en Rionegro, pero confirmó que existe un contrato vigente con Emservir para la disposición final de residuos en el relleno sanitario Las Bateas.“Las vías de hecho y bloqueos son los que impiden el tránsito normal hacia el sitio de disposición final. Sin embargo, Las Bateas continúa operando con licencia ambiental vigente. La alcaldía de Aguachica, igualmente, habilitó vías alternas para que los carros pudieran llegar al relleno sanitario. De hecho nosotros como veolia estamos llegando sin inconveniente”, afirmó.Entre tanto, el concejal de Rionegro, Albeiro Jiménez, cuestionó la gestión de la administración municipal y aseguró que las fallas en la recolección de residuos no son recientes.“No es un tema de hoy ni de ayer, es una problemática que viene desde 2024. En muchos sectores duran semanas o hasta meses sin recoger las basuras y la gente ya se cansó de esta situación”, expresó el cabildante.La emergencia sanitaria continúa vigente mientras se restablece completamente la operación de recolección y disposición de residuos en el municipio.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.