Tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos ilegales en Medellín, sin tener experiencia y que afectó a más de 50 personas, se le imputaron en las pasadas horas tres nuevos delitos.
En el desarrollo de la audiencia de adición de imputación de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas, donde tres mujeres aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad.
La Fiscalía General de la Nación ha presentado pruebas que responsabilizan a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, en las presuntas responsables de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín, sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las tres procesadas y otras personas, habrían hecho numerosos procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas, en su mayoría por redes sociales, para practicarse una intervención denominada ‘lipólisis láser con transferencia glútea.
Las investigadas, al parecer, participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.
El material probatorio recopilado estableció que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones médicas, trasladaban su operación a otros barrios.
La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos por parte del personal. Más de 40 mujeres, a raíz de las intervenciones, sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.
Estas mujeres permanecen privadas de la libertad en establecimiento carcelario desde octubre de 2025. Por estos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, las dos señaladas articuladoras de la actividad delincuencial.