La investigación cobija a los entonces ediles de la comuna 90, Santa Elena, en Medellín: Sandra Marisa Patiño Soto, Víctor Julio Hernández, Carolina Mejía Sierra y Parménides Erazo Vahos por posibles irregularidades relacionadas con la expedición ilegal de un acuerdo local que beneficiaría a personas no residentes en la ciudad.
Al parecer, los investigados se habrían extralimitado en sus funciones al votar positivamente, aprobar y expedir el acuerdo local 002 de 30 de noviembre de 2021 que otorgó certificados de residencia, para efectos de educación, a habitantes residentes de otros municipios y atribuyó a la Junta Administradora Local la competencia para dar visto bueno a certificados de residencia expedidos por las Juntas de Acción Comunal (JAC) e Inspección de Policía.
Es decir que, con la aprobación y expedición del acuerdo, habitantes de los municipios de Bello, Copacabana, Guarne, Rionegro, El Retiro y Envigado, podían acceder a recursos del presupuesto participativo de Medellín, bajo la condición de haber terminado bachillerato en las instituciones educativas de Santa Elena.
El Ministerio Público también consideró irregular que en dicho acto administrativo se hubiesen adjudicado la competencia de dar visto bueno a los certificados de residencia expedidos por las dos instituciones mencionadas.
En consecuencia, a juicio de la Procuraduría, con su conducta los entonces ediles se habrían extralimitado en el ejercicio de sus funciones. La conducta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo, por lo cual se profirió cargos contra los cuatro exediles.
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