Tras tres años de lo sucedido, el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Medellín declaró ineficaz el despido de la profesora Stephanie Rendón Zapata y ordenó a la Universidad de Medellín (UdeM) restituirla en un cargo igual o de mejores condiciones al que tenía antes de su desvinculación, que ocurrió en medio de denuncias de esta contra el proceder del entonces decano de la Facultad de Derecho de esa institución.
Si bien la abogada, que se desempeñaba como directora del Centro de Investigaciones Jurídicas, reingresó en el año 2022 tras dos fallos de tutela a su favor, la jueza Carolina Paola López Pretelt concluyó que la terminación del contrato constituyó un acto de retaliación y “discriminación de segundo orden”, según quedó consignado en la decisión judicial.
Ante ello, el fallo condena a la institución al pago de perjuicios morales por 30 salarios mínimos —más de 42 millones de pesos con valores del año 2025— y a asumir los costos del tratamiento médico y psicológico derivado de las afectaciones a la salud mental que presentó la profesora de tiempo completo después del despido, los cuales deberán ser cubiertos hasta que los profesionales tratantes certifiquen su recuperación.
Blu Radio habló con la docente, quien detalló lo que para ella significa esta decisión, tras su lucha durante estos años por siquiera recuperar las horas de clases, pues cuenta que aunque fue “reintegrada en el papel”, innumerables veces tuvo que enviar derechos de petición para que le asignaran clases, fue “exiliada” a la Facultad de Economía y apenas este semestre pudo volver a la de Derecho, tras la salida del decano que originó la historia de despido.
"Lo único que yo hice, además, fue cumplir con mis funciones como docente y en ese momento coordinadora del centro de investigación jurídica, porque me encanta la labor de la docencia. Me despidieron sin causa, única y exclusivamente, porque dije que el decano de la facultad de derecho era un misógino. Me despidieron para callarme, para silenciar una denuncia de violencia, en perjuicio de todas las mujeres de la institución", señaló.
La jueza ordenó, además, la realización de un acto público dentro del campus universitario, dirigido a estudiantes, profesores, administrativos y directivos. En él deberán exponerse los fundamentos del fallo y las dificultades internas relacionadas con la ausencia de protocolos sólidos para la prevención y atención de violencias basadas en género, así como socializar las rutas existentes, según se lee en el documento.
Rendón destacó que sobre este punto es fundamental poner sobre la mesa las problemáticas a las que se exponen las mujeres en contextos académicos, que haya participación de diferentes integrantes de la comunidad educativa y un mejor abordaje, teniendo en cuenta la discriminación que cuenta haber tenido también por parte de sus propios compañeros de trabajo.
"Están las estudiantes, las administrativas, las docentes, todas las mujeres que estamos en riesgo en la Universidad de Medellín, porque aquí no hay ninguna intención de investigar, de sancionar a los agresores, de cuidar a las mujeres, de garantizar la no repetición. Aquí no les importa. La jueza nota esa peligrosidad para otras mujeres, dicen la sentencia más cosas", aseguró.
El documento detalla que la Universidad de Medellín también deberá instalar mesas de trabajo interdisciplinarias en un plazo máximo de dos meses, con participación de Rendón (ahora dedicada también al mundo de las redes sociales como Tik Tok), para diseñar mecanismos efectivos que permitan enfrentar las violencias de género dentro de la institución. El fallo ordena, además, ponerse al día con los aportes a pensión durante el tiempo del despido y los meses de enero y febrero de 2022.
La respuesta de la universidad
Tras conocerse la decisión, la Universidad de Medellín respondió a Blu Radio que esta corresponde a un fallo de primera instancia y que ya interpuso el recurso de apelación, la cual corresponderá a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín resolverla.
“Tiene efecto suspensivo. Esto significa que, mientras no exista una decisión de segunda instancia, las órdenes impartidas por la juez no deben ejecutarse todavía. Este proceso está relacionado con hechos ocurridos durante la administración anterior de la Universidad. La institución se mantiene atenta a la definición del trámite en las instancias correspondientes”, indicó la institución.
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