Empresas Públicas de Medellín logró con mediación del Ministerio de Minas y Energía, un acuerdo con las comunidades de Toledo, que bloquearon hasta la mañana de este viernes los accesos a la central Hidroituango.
Después de tres días de protesta y diálogo, en medio de la mesa de concertación y con la presencia del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se logró que las comunidades levantarán la manifestación que impedía el acceso por carretera y fluvial a Hidroituango, en el norte de Antioquia, que ponía en riesgo la operación de la Central y con esto, el suministro de energía eléctrica que hoy representa el 6 % de la demanda nacional.
Según reveló el gerente de EPM, John Maya, hay seis puntos que estaban solicitando revisar las comunidades como, por ejemplo, que se contrate a más personas locales para la central hidroeléctrica, sin embargo, hay puntos que no depende de la empresa.
“Que hemos llegado a unos acuerdos para unos puntos que son negociables muy rápidamente y que podemos cumplir de forma inmediata y los otros que son un poquito más complejos, pues vamos a establecer una mesa de trabajo para llegar a esos acuerdos y poder seguir avanzando en las peticiones que ellos tienen”, explicó Maya.
El ministro Andrés Camacho y el gerente de EPM destacaron que las comunidades, a pesar de su manifestación, permitieron el ingreso de personal indispensable para la operación de la central con sus cuatro turbinas y avanzar en la construcción de la etapa dos de la central, para además seguir reduciendo el riesgo para las comunidades aguas abajo.
“Este acuerdo que se ha logrado con la empresa con la voluntad de las comunidades de todas las partes con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía en un momento muy importante para el país para que superemos el fenómeno del Niño es muy importante con el diálogo con el trabajo que hemos adelantado”, indicó.
EPM y los manifestantes ratificaron su compromiso de avanzar en una mesa de diálogo conformada por representantes de las partes interesadas para escuchar las inquietudes de la comunidad, aclarar dudas y llegar a acuerdos en un plazo no superior a dos meses.
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