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El crítico panorama de orden público que ha enfrentado Antioquia durante este año con más de 60 hechos de desplazamiento y confinamiento en varias subregiones del departamento tiene otro actor que juega un papel importante entre las amenazas con las que el ELN y las disidencias intimidan a las poblaciones en por lo menos siete municipios: las minas antipersonal.
El reporte más reciente de la Gobernación de Antioquia deja en evidencia que a la fecha se tienen 22 personas que han resultado afectadas por minas antipersonal. Estos artefactos explosivos han provocado la muerte de tres personas, dos civiles y un militar que falleció hace pocos días luego de pisar una mina en el municipio de Anorí.
La subsecretaria de Derechos Humanos de Antioquia, María Patricia Giraldo, aseguró que lo que vive el departamento es una tragedia, pues la siembra de minas por parte de grupos armados no ha parado y por el contrario lo usan con frecuencia para intimidar a las comunidades.
"No es solamente el tema del desplazamiento y el confinamiento que se ha aumentado en los últimos meses, sino también los artefactos explosivos, las víctimas de minas, donde este año entre civiles y militares tenemos ya 22 víctimas", aseguró la funcionaria.
El consolidado de las 22 víctimas por minas antipersonal en Antioquia muestra que 14 fueron civiles y 8 eran integrantes de la Fuerza Pública. Además, según las autoridades los casos se desglosan de la siguiente manera: Anorí (7), Valdivia (6), Frontino (3), San Andrés de Cuerquia (3), Briceño (1), Ituango (1) y Urrao (1).
El último hecho ocurrió hace un par de días en el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño, en donde dos campesinos sufrieron graves lesiones luego de que uno de los artefactos explosivos detonara. Aunque las personas están siendo atendidas en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y están fuera de peligro, las autoridades continúan avanzando en la investigación para determinar quién estaría detrás de la instalación del campo minado.
Por último, desde la Gobernación de Antioquia mostraron su preocupación por el uso constante de estos dispositivos para amedrentar a las comunidades como ocurrió recientemente en el municipio de Briceño en donde las disidencias de alias 'Calarcá' reconocieron que la zona rural, de donde salieron más de 2.000 personas desplazadas, habían campos minados que podrían ser un eventual riesgo para las personas.
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