Las advertencias de varios sectores políticos y sociales en Medellín frente a la relación del Gobierno de Gustavo Petro con Daniel Quintero parece cobrar cada vez mayor veracidad y relevancia con cargos de exfuncionarios que hicieron parte de la administración anterior de Medellín y que se sigue conociendo de su paso por entidades nacionales.
Este es el caso de Melissa Franco, quien se desempeñó como directora técnica de la Secretaría de Participación Ciudadana y que actualmente tiene un contrato hasta finales de 2024 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como referente regional en Antioquia para la operación de políticas, planes, programas y estrategias de esta entidad que trabaja con la niñez.
Sobre la llegada de Franco a este cargo hay inquietudes frente a cuestionamientos que tuvo durante el desempeño de sus funciones en la administración distrital de la capital antioqueña y que estaría relacionada con presuntos casos de corrupción en la contratación para la ejecución de programas y proyectos de recursos del Presupuesto Participativo con Plaza Mayor.
Y es que la actual funcionaria del ICBF figura como la supervisora de apoyo técnico en varios contratos de logística que precisamente Plaza Mayor suscribió con algunas corporaciones sociales de diferentes territorios de la ciudad. Sin embargo, estos habrían sido direccionados como quedó en evidencia en una carta del 19 de octubre de 2022 dirigida a Plaza Mayor donde se sugería la contratación con 12 de ellas, de las cuales varias tenían al mismo representante legal.
Estos contratos no solamente generaron ruido durante su adjudicación, sino también durante su ejecución, pues la Contraloría Distrital alertó por al menos 23 irregularidades en la ejecución de estos recursos entre 2022 y 2023 que suman más de 623 millones de pesos.
Entre las posibles faltas en el desarrollo de estos contratos están algunas actividades que nunca se hicieron, se ejecutaron en otros lugares, con otras poblaciones diferentes a las establecidas o incluso con sobrecostos.