Sigue enredada la etapa de acusación en el caso de presunta corrupción que involucra al Inder y Metroparques durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, tras nuevas solicitudes por parte de la defensa de los implicados.
Y es que, durante la diligencia que superó la dos horas, el despacho admitió la solicitud de la abogada Claudia Ospina, defensora de Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques y Mauricio Jaramillo, exrepresentante legal de la empresa Cyan Eventos, para que se revise la imputación emitida por parte de la Fiscalía en una etapa previa.
Según Ospina, la actuación del ente acusador tiene elementos como ambigüedad, contradicción y falta de motivación, por lo que el juez programó una nueva audiencia para el próximo 4 de septiembre, mientras las diferentes partes estudian si la imputación posee o no los suficientes elementos para quedar en firme.
"El organismo instructor formuló una primera imputación, en nuestro criterio inflada, atribuyéndole a mi representante tres delitos y al realizar el ajuste de legalidad eliminó dos de ellos y pretende acusarlo ante usted, señor juez, por el delito más grave. Esto es el peculado por apropiación en provecho propio en la modalidad de continuada", aseguró.
Liévano, Jaramillo, además de María Eugenia Domínguez, otra exgerente de Metroparques y Diana Paola Toro, exdirectora del Inder, están siendo investigados por los delitos de contratación sin cumplimento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en medio de la ejecución de un millonario contrato, por más de 21.000 millones de pesos, entre 2020 y 2021, con recursos del Presupuesto Participativo.
La Fiscalía ha asegurado que dicho contrato de logística deportiva no incluyó los respectivos estudios previos y se hizo bajo la modalidad de invitación cerrada donde resultó elegido Cyan Eventos, una empresa que no habría sido idónea para su ejecución.
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Esta situación habría generado una apropiación irregular de 3.705 millones de pesos en favor del contratista por lo que además de sanciones penales, la Fiscalía pidió castigos disciplinarios para los entonces funcionarios públicos implicados.