Después de medio siglo de controversia, la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) lograron resolver definitivamente el conflicto por la propiedad del predio Graham Bell, gracias a un acuerdo de transacción por $8.901 millones.
El conflicto se originó en 1973, cuando el IDU entregó a la ETB varios inmuebles como dación en pago de una deuda, pero la transferencia de propiedad nunca se formalizó. Esta omisión mantuvo el predio en un limbo jurídico durante décadas, con múltiples observaciones desde las auditorías de la Contraloría de Bogotá.
Para destrabar el caso, la Contraloría promovió distintas mesas de trabajo entre las entidades, que finalmente permitieron alcanzar un acuerdo definitivo. El pago de $8.901 millones fue avalado tanto por el IDU como por la ETB y aprobado por la junta directiva de la empresa de telecomunicaciones.
El organismo de control destacó que el acuerdo cumple con los principios de eficiencia, eficacia y economía, demostrando que el control fiscal también puede ser una herramienta para solucionar conflictos históricos y generar beneficios concretos para el Distrito.
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