Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.
Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.
El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez.
Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó
“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.
La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.
Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.
Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.
“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.