Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana para La Guajira por aumento en la violencia

La capital de La Guajira, Riohacha, y los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar se encuentran en peligro extremo debido a al recrudecimiento del conflicto armado entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Así lo estableció la reciente Alerta Temprana 010 de 2025 emitida por la Defensoría del Pueblo.El informe de la Defensoría describe cómo el Frente Francisco José Morelos Peñate, del Clan del Golfo, y el frente ‘Javier Cáceres’ de las ACSN han expandido sus operaciones, buscando apoderarse de áreas clave, incluyendo zonas urbanas y rurales.Las acciones y enfrentamientos de estos grupos armados, detalla la alerta, no solo amenazan a la población civil, sino que ponen en riesgo los derechos fundamentales de miles de personas, entre ellas comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y defensoras de derechos humanos.La disputa por el control territorial en estas regiones prevé consecuencias como desplazamientos forzados masivos, homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores y la imposición de "gobiernos de facto" a través de la violencia.Esta lucha por la toma de corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta agrava la crisis, afectando directamente a comunidades que ya de por sí se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica.Además de emitir una alerta, la Defensoría también propuso una serie de medidas urgentes. En el texto de la alerta, formula 31 recomendaciones estructuradas en siete ejes estratégicos, buscando una respuesta rápida y efectiva.Entre las propuestas destacan la coordinación interinstitucional, el refuerzo de las operaciones de seguridad pública con un enfoque de protección a los derechos humanos, y el fortalecimiento de políticas públicas que busquen mitigar las condiciones sociales que alimentan el conflicto.Además, hace un llamado a la comisión intersectorial para que se active una respuesta humanitaria integral, así como la adopción de medidas específicas para proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales se encuentran particularmente expuestas a la violencia.