Carlos Mario Zuluaga dijo que la indagación preliminar es a la anterior gobernación de Elsa Noguera y la actual administración de Eduardo Verano de la Rosa, y se hace para determinar si todos los hechos que han sido denunciados por la veeduría ciudadana “tienen una incidencia o responsabilidad fiscal” por quienes han administrado los recursos públicos.
El anuncio lo hizo en el recorrido que hizo este viernes en la mañana por la obra, a la altura del centro comercial Le Champ, en el corredor universitario, al norte de Barranquilla.
Detalló el funcionario que en la vigilancia especial que el ente de control ha realizado a este proyecto estratégico en el Atlántico, han percibido las afectaciones al comercio, incluso, con la quiebra de algunos negocios, embotellamientos en la movilidad vehícular y en general a la desmejora en la calidad de vida de la comunidad.
“Aquí hay que tener en cuenta la concordancia entre la ejecución de la obra en su avance físico con la ejecución financiera. Hemos percibido que en los últimos meses Edubar ha tenido retrasos en los pagos, y a pesar de que hoy está al día queremos que exista una simbiosis que permita que haya concordancia entre el avance físico y el financiero”.
Recordó Zuluaga que hace un año se instalaron unas mesas para inspeccionar el avance del proyecto, luego se hizo una vigilancia especial y ahora se hace la apertura de una indagación preliminar.
El vicecontralor resaltó que también se van a revisar las obras adicionales o de urbanismo que no están contempladas en el proyecto, valoradas en 15.000 millones de pesos, para que se incorporen y no queden en el aire.
“La Gobernación debería sentarse con el contratista y revisar con la interventoría la justificación de poder incorporar estos recursos de manera inmediata y que permita que el contrato esté culminado en su totalidad en el mes de junio, como está propuesto en el último cronograma de trabajo, que se entregó a la Contraloría el pasado 27 de diciembre”, comentó Zuluaga.
Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, manifestó que la comunidad se ha visto muy afectada por los retrasos con el cierre de varios negocios comerciales, inseguridad en el sector, falta de alumbrado público y riesgos en la movilidad de peatones.
“Ya tenemos más de cuatro años en esta lucha que ha sido muy difícil para la comunidad. El transporte público se ha visto muy afectado, los estudiantes de las universidades Atlántico, San Martín y Libre. No tenemos vías de acceso. Esperamos que con esta visita del Vicecontralor muchas cosas se empiecen a solucionar y se le garantice el pago de los recursos al contratista, porque uno pasa por aquí y no ve que se estén haciendo los trabajos”.
La obra de la Gran Vía tiene su punto más crítico a la altura del centro comercial Le Champ, que comunica con las universidades San Martín, Atlántico, parte de Villa Campestre y la Urbanización la Playa, al norte de Barranquilla.
Según el vicecontralor Zuluaga, los trabajos programados para 18 meses ya llevan 3 años, o sea que cumplen un 100% de tiempo adicional de ejecución. Eso no solo afecta el presupuesto, por ejemplo en la variación de precios de los materiales, sino que dificulta el impacto social en la comunidad”.