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La red hospitalaria pública del departamento del Atlántico atraviesa una de sus peores crisis.
La situación en la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA) ha llegado al punto de que sus centros asistenciales, que hacen parte de su red, estarían enfrentando una escasez de medicamentos, sumado a la renuncia masiva de especialistas y a un paro de anestesiólogos y algunos médicos generales.
La situación financiera de esta red, que cobija cuatro grandes hospitales, estaría superando una deuda por más de $100 mil millones, en la que los trabajadores son los más afectados, pues ya les acumulan a varios los pagos de hace más de cinco meses.
"A los médicos, enfermeros y trabajadores en general les deben sus sueldos. Desde marzo muchos no perciben ingresos. Eso es algo que golpea la economía de estas familias. Están desesperados y el gobernador Eduardo Verano de la Rosa no da la cara para dar una solución", denuncia la diputada Alejandra Moreno.
En centros como el Hospital Juan Domínguez Romero, que recibió una inversión de más de $114 mil millones, resume la diputada que solo hay un médico por turno en urgencias y que, por orden interna, fueron trasladados los pacientes que estaban en UCI al Cari de alta complejidad.
“Es preocupante el silencio institucional de la ESE UNA, el cual va camino a un cierre abrupto que pone en riesgo la salud de los atlanticenses y vulnera los derechos laborales de los trabajadores. Hoy día no se tiene claridad sobre qué está funcionando y qué no. Mientras clínicas y hospitales del país hablan con claridad de su crisis y exponen a los usuarios sus límites de operación, aquí no se sabe si tienen acetaminofén para los pacientes”, indicó la diputada.
En el caso de los anestesiólogos, estos se encuentran en cese de actividades desde el pasado 27 de junio, prestando únicamente atención en casos de urgencia vital.
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Para el caso de los médicos generales, los que trabajan en el hospital de Sabanalarga, declararon que desde este 22 de julio entraban en huelga. Ellos reclaman al menos el pago de dos meses de salario pendiente para retomar labores, sin que hasta ahora se haya dado una respuesta efectiva por parte de la administración.
A esta compleja situación se suman los problemas financieros con proveedores. Según conoció la diputada Moreno, incluso la empresa encargada del banco de sangre está considerando retirarse por las millonarias deudas que no han sido saldados.
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