Procuraduría indaga presunto incumplimiento en sanción contra rector encargado de Uniatlántico

La suspensión de cuatro meses por haber pagado con recursos de la Universidad del Atlántico los estudios en el extranjero de un docente siguen siendo un dolor de cabeza para el recién nombrado rector encargado, Rafael Castillo Pacheco, ahora debido a una indagación previa iniciada por la Procuraduría General de la Nación para conocer un presunto incumplimiento a la misma.Dice el ente de control que ordenó la práctica de pruebas para aclarar por qué no se cumplió el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, el cual también habría sido registrado en el Sistema de Información y Registro de Inhabilidades el 11 de marzo de 2025.“El Ministerio Público indaga si hubo incumplimiento en la aplicación de la sanción a Castillo Pacheco, pues a pesar de haber sido suspendido del cargo por cuatro meses, mediante un fallo del 21 de febrero de 2025, fue nombrado como rector de la institución educativa el 17 de diciembre de la misma anualidad”, explican inicialmente en un comunicado.“El ente de control ordenó la práctica de pruebas para aclarar por qué no se cumplió el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría. Esta actuación disciplinaria busca individualizar a los servidores responsables de un posible incumplimiento de deberes”, agregan.De hecho, en conversación con Blu Radio, Rafael Castillo ya había mencionado que pese a estas versiones de incumplimientos de una sanción estaba apto para ocupar el cargo ofrecido por el Ministerio de Educación debido a que “en estos momentos no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario”.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, señaló en su tiempo.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Gobierno.La controversia se presenta solo un par de días antes de reactivar el calendario académico de esta universidad.