Tras el pacto de no agresión al cual habrían llegado comandantes de las disidencias de las Farc y guerrilleros del ELN, más de 2.000 habitantes desplazados desde hace más de cinco meses de la zona rural de los municipios de Samaniego y Santa Cruz de Guachaves dicen que comenzarán a regresar a sus veredas bajo su propio riesgo, a pesar del miedo y la zozobra que hay en la región.
Giovanni Cárdenas, presidente de la mesa departamental de víctimas, dijo a Blu Radio que aún no conocen el supuesto pacto entre los grupos armados ilegales que desde hace mas de cinco meses se enfrentan por el dominio del territorio. Entonces, pidió que se respete el principio de distinción y dejen por fuera del conflicto armado a la población civil.
El líder social aseguró, además, que decenas de familias del resguardo indígena del Sande, bajo su propio riesgo y sin el acompañamiento de ninguna autoridad, comenzaron a retornar a pesar de que la confrontación armada continúa y de que eso representa un peligro para esas comunidades.
Por otra parte, "campesinos e indígenas del cabildo de la montaña, conformado por 23 veredas, permanecen en el casco urbano de Samaniego viviendo en condiciones precarias y, muchos de ellos, salen al rebusque diario", indicó el líder social, quien agregó que han existido dificultades con muchas familias desplazadas las cuales alegan que la personería de Samaniego no les ha brindado apoyo institucional.
Confío en Dios y solo espero que sea realidad ese acuerdo de no agresión entre grupos porque desde hace meses la comunidad campesina e indígena es la que más ha sido afectada al ser expulsada a la fuerza de sus veredas y sectores
dijo Cárdenas.
El líder social continuó afirmando que están cansados de los incumplimientos del Gobierno nacional que los ha convocados a un sin número de puestos de mando unificado, tras los cuales no se ha materializado alguna acción.
“Le hemos dicho al Gobierno nacional que respete el principio de dignidad y que explore la posibilidad de poner en marcha proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de los campesinos, pero nadie dice nada ni hace nada", afirmó Cárdenas.
"Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que deje los diagnósticos y se concreten las ayudas, porque desde el primer día del desplazamiento masivo de las comunidades se han hecho reuniones tras reuniones y no pasa nada, por eso la población civil ya no cree en las promesas sino en los hechos", prosiguió el representante de la mesa departamental de víctimas.
Luego, aclaró que, a pesar de las dificultades, sigue creyendo en la paz total, pero insistió en que es urgente que el jefe de estado regionalice los diálogos para estar más cerca de lograr la tranquilidad en la zona.
Otro líder social, que pidió el anonimato, dijo que este acuerdo al que habrían llegado los grupos armados ilegales, permite por ahora que las comunidades desplazadas de Ricaurte, Barbacoas, Los Andes, Sotomayor y la Llanada puedan regresar a sus veredas y corregimientos, aunque aseguró que existe mucho temor.
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