El Gobierno nacional y el grupo ilegal Frente Comuneros del Sur pactaron la creación de la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en la que se suspenderán todas las órdenes de captura, incluidas aquellas con solicitud de extradición. Esta estará ubicada en un sitio por determinar dentro del resguardo indígena del Gran Mallama, municipio de Mallama-Piedrancha, en el piedemonte costero de Nariño.
Este acuerdo se logró tras el cierre de la séptima sesión de la mesa de co-construcción de paz territorial para Nariño, que se llevó a cabo en la ciudad de Pasto. En esta reunión, además, las partes manifestaron su voluntad de continuar avanzando en el proceso con el fin de demostrar que la democracia y el diálogo son el camino para acabar con la violencia en el país.
Según el acta suscrita entre las partes, esta sesión marca un momento decisivo en el camino hacia la búsqueda de una paz territorial con transformaciones reales.
Carlos Erazo, jefe negociador del Gobierno nacional, expresó que lo que se ha construido en la mesa es una apuesta ética, política y colectiva para dejar atrás la guerra y abrir paso a territorios vivos y en paz.
Durante esta sesión de diálogos, las partes pusieron en el centro de la mesa a niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derechos, víctimas del conflicto y protagonistas tanto del presente acuerdo como del futuro. Erazo aseguró que también se acordó desarrollar, de la mano de las comunidades y autoridades, rutas prioritarias para la protección integral de la niñez.
Roger Garzón, vocero de la delegación del grupo ilegal Frente Comuneros del Sur, afirmó que otro de los puntos acordados fue la progresiva concentración de combatientes en una zona temporal para la co-construcción de paz territorial.
Garzón manifestó que se pactó la definición de un programa de reintegración que permita el tránsito a la ciudadanía plena de sus integrantes, así como el desarrollo de un programa de formación y fortalecimiento de la incidencia democrática en el territorio.
Advirtió que, en el acuerdo número ocho, las partes estipularon que la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Mallama tiene como objetivo iniciar el tránsito hacia la concentración de al menos el 30 % de los combatientes del Frente Comuneros del Sur. Esto busca contribuir a consolidar las transformaciones territoriales y al desescalamiento de las violencias.
Esta zona permitirá la dejación de armas del grupo ilegal Comuneros del Sur y tendrá una duración de un año, contado a partir del acto administrativo correspondiente.
Las autoridades indígenas del resguardo del Gran Mallama, en ejercicio de su autonomía y conforme a su derecho propio, manifestaron su voluntad de contribuir a la paz alojando la zona dentro de su territorio ancestral.
Asimismo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización entregará, en un plazo máximo de 60 días, una ruta de reintegración colectiva que garantice el tránsito hacia la ciudadanía plena de los integrantes del Frente Comuneros del Sur.
También se acordó que un instituto neerlandés para la democracia multipartidaria implementará un programa de formación en democracia y participación. Este proceso tendrá incidencia en los diez municipios priorizados y estará dirigido a líderes, organizaciones e integrantes del Frente Comuneros del Sur.
Por su parte, los integrantes de la delegación de Comuneros del Sur se comprometieron a abstenerse de realizar cualquier conducta que ponga en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes —es decir, de toda persona menor de 18 años—. En tanto, el Gobierno nacional, a través del ICBF, realizará en un plazo de 90 días una caracterización integral de los menores de edad en los municipios priorizados en la mesa de diálogos de paz territorial.
Las delegaciones manifestaron su voluntad de fortalecer la coordinación interinstitucional para consolidar las acciones que ya se vienen desarrollando en el territorio, con el fin de liberar a las comunidades de la amenaza de artefactos explosivos.
Estos esfuerzos deben garantizar condiciones de seguridad, retorno seguro y protección de la vida en los territorios afectados por minas antipersonales.
Adicionalmente, las delegaciones anunciaron la consecución de recursos por un monto de dos millones de dólares, destinados a impulsar proyectos de sostenibilidad ambiental, financiados desde el Fondo Colombia Sostenible. Este respaldo fortalece los acuerdos establecidos en la mesa y reafirma el compromiso con el desarrollo sostenible y la paz con la naturaleza.
Estos proyectos estarán enfocados en el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria y la promoción de modelos productivos que respeten y protejan los ecosistemas. Con estos avances, y con la participación de los cuatro pueblos inscritos en la mesa para la construcción de pactos territoriales, Nariño alza la voz para decir que no hay marcha atrás: la violencia no tiene futuro.