La Defensoría del Pueblo alertó que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales sigue golpeando a las comunidades más vulnerables del país. Durante 2024 se documentaron 596 casos y, entre enero y julio de 2025, ya se han registrado 64 nuevos hechos. La mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y residen en departamentos con fuerte presencia de estructuras armadas.
Panorama de 2024
De los 596 casos reportados, 364 corresponden a niños y adolescentes varones y 232 a niñas y adolescentes.
La pertenencia étnica de las víctimas evidencia un alto impacto en pueblos originarios: 282 eran indígenas, 198 no se reconocen en ningún grupo étnico, 78 carecen de información y 38 eran afrocolombianos.
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Los grupos armados señalados como responsables incluyen:
- Estado Mayor Central: 240 casos.
- Disidencias sin especificar: 180.
- Grupo sin identificar: 94.
- ELN: 28.
- Otros (Segunda Marquetalia, crimen organizado y frentes menores): 54.
El Cauca lidera la lista de departamentos más afectados con 374 casos, seguido por Norte de Santander (37), Antioquia (29), Valle del Cauca (24) y Huila y Putumayo (21 cada uno). Los meses más críticos fueron enero (80 casos), febrero (52) y marzo (72).
Situación enero - julio 2025
En los primeros siete meses de este año, la Defensoría registró 64 casos: 36 niños y adolescentes y 28 niñas y adolescentes.
Por pertenencia étnica: 39 indígenas, 21 sin grupo étnico reconocido y 4 afrocolombianos.
Presuntos responsables:
- Estado Mayor Central: 28 casos.
- Disidencias sin especificar: 14.
- Ejército Gaitanista de Colombia: 8.
- ELN: 7.
- Segunda Marquetalia: 5.
El Cauca vuelve a encabezar los reportes con 27 casos, seguido de Nariño (7), Chocó (6), Antioquia (5) y Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno). Los picos de reclutamiento se registraron en enero y marzo (13 casos cada uno) y en junio (10).
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Llamado urgente
La Defensoría del Pueblo calificó el reclutamiento forzado como un crimen de guerra y pidió acciones inmediatas del Estado para prevenirlo y sancionar a los responsables. Según la entidad, la persistencia de este delito vulnera gravemente los derechos fundamentales de los menores y perpetúa el ciclo de violencia en los territorios afectados.