Los alcaldes de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta solicitaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la instalación inmediata de una mesa permanente de coordinación interinstitucional, al considerar que el Gobierno nacional avanza en nuevas decisiones sobre el páramo de Santurbán sin concertarlas con las autoridades locales ni con las comunidades que se verán directamente afectadas.
La petición fue elevada mediante una carta dirigida a la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, en la que los mandatarios expresan su preocupación por el anuncio de tres nuevas resoluciones relacionadas con el complejo de páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín: la prórroga de la Zona de Reserva Temporal, la declaratoria de una reserva definitiva sobre el municipio de California y una delimitación parcial del ecosistema.
Según los alcaldes, estas medidas tendrían impactos administrativos, económicos, sociales y ambientales sobre cerca de 25.000 habitantes de la provincia de Soto Norte y se estarían impulsando sin procesos de socialización, participación o coordinación con los municipios involucrados.
"Lo que más nos preocupa es que el Ministerio de Ambiente está avanzando en tres decisiones que van a definir el futuro de Soto Norte sin haberlas discutido con los municipios ni con las comunidades que serán las directamente afectadas. El futuro de más de 20.000 familias rurales no puede decidirse desde un escritorio en Bogotá", afirmó Jesús Santiago Gutiérrez, alcalde de Tona.
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Los mandatarios recordaron que la resolución 0221 de 2025 creó una Zona de Reserva Temporal con el propósito de adelantar estudios técnicos, ambientales, sociales e hidrológicos que permitieran definir un modelo definitivo de manejo del territorio. Sin embargo, aseguran que, durante los 16 meses de vigencia de esa medida, el Ministerio no instaló los escenarios permanentes de coordinación contemplados en la misma resolución.
En la comunicación, enviada también a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, los alcaldes sostienen que resulta "jurídicamente difícil comprender" que el Ministerio pretenda expedir nuevos actos administrativos sin haber creado un mecanismo formal de coordinación con los municipios directamente afectados.
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Por ello, solicitaron la creación de una Mesa Permanente de Coordinación Interinstitucional integrada por el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, los seis municipios de Soto Norte y la CDMB, con el fin de revisar conjuntamente los estudios técnicos, analizar los impactos sobre el territorio y garantizar que las autoridades locales puedan presentar observaciones antes de cualquier decisión definitiva.
La discusión sobre Santurbán se mantiene como uno de los principales conflictos socioambientales del país. Desde hace más de una década, la delimitación del páramo ha enfrentado a comunidades campesinas y mineras de Soto Norte con sectores ambientalistas y autoridades, debido a la necesidad de proteger el ecosistema que abastece de agua a más de dos millones de personas, principalmente en Bucaramanga y su área metropolitana, sin desconocer las actividades económicas tradicionales que se desarrollan en la región.
La delimitación ordenada por la Corte Constitucional aún no ha sido definida de manera definitiva, luego de que el alto tribunal dejara sin efectos una delimitación anterior y ordenara al Gobierno realizar un nuevo proceso con amplia participación ciudadana. Mientras ese proceso continúa, la incertidumbre jurídica ha generado preocupación entre las comunidades y las administraciones municipales, que insisten en que las decisiones sobre el futuro de Santurbán deben adoptarse con respaldo técnico, transparencia y participación efectiva de los territorios.
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