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"Alcaldía de Piedecuesta nombró a funcionarios inhabilitados": concejal Sandra Duarte

De acuerdo con la denuncia, esta situación podría constituir una falta grave tanto del mandatario local como de sus funcionarios

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FOTO: Alcaldía e iglesias de Piedecuesta - Blu Radio

Un nuevo escándalo sacude a la administración municipal de Piedecuesta, luego de que se denunciara la posible posesión de funcionarios en cargos públicos pese a estar presuntamente inhabilitados para ejercer funciones.

La polémica se intensificó el pasado 14 de abril, cuando la concejala Sandra Johanna Duarte solicitó un debate de control político para esclarecer la situación de varios funcionarios, en particular el caso de la Secretaría de Desarrollo Social.

Según la cabildante, la abogada Olga Lucía Gutiérrez Almeyda habría sido designada en enero de 2024 como secretaria de Desarrollo Social por el alcalde Óscar Santos Galvis, pese a contar con una condena en primera instancia emitida el 11 de mayo de 2020 por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga, por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la denuncia, esta situación podría constituir una falta grave tanto del mandatario local como de sus funcionarios, al permitir la vinculación de una persona que, presuntamente, se encontraba inhabilitada para ejercer cargos públicos.

El mismo día en que se solicitó el debate, también se conoció la renuncia de Magda Lizzeth Rodríguez López, quien se desempeñaba como secretaria de Salud del municipio, lo que incrementó las dudas sobre el manejo administrativo al interior de la alcaldía.

La concejala Duarte busca establecer si hubo favorecimiento indebido en la contratación y determinar responsabilidades disciplinarias y administrativas. Pidió a la Prouraduría General de la Nación y Fiscalía investigar los hechos denunciados.

Este nuevo episodio se suma a una serie de cuestionamientos que enfrenta la administración municipal de Piedecuesta y el alcalde Oscar Santos, mientras se espera que en el debate de control político se entreguen explicaciones claras sobre la legalidad de los nombramientos y el cumplimiento de los requisitos para ejercer cargos públicos.

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