Un juez de control de garantías envió a la cárcel a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado conocido como ‘Los Juegos Macabros’, señalado de controlar el tráfico de estupefacientes y de estar vinculado a varios hechos violentos en la provincia Guanentina, en Santander.
La decisión se produjo tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que los investiga por su presunta participación en una red criminal que operaba en los municipios de San Gil, Valle de San José y Charalá desde mediados de 2025.
De acuerdo con las autoridades, la estructura no solo se dedicaba a la comercialización de drogas, sino que también habría recurrido a homicidios selectivos para mantener el control de las actividades ilícitas en la región.
Las investigaciones indican que los procesados estarían implicados en al menos dos asesinatos y tres intentos de homicidio registrados en San Gil entre octubre de 2025 y febrero de 2026.
La Fiscalía estableció, además, que las sustancias estupefacientes eran adquiridas en Bucaramanga y transportadas hacia la provincia Guanentina en motocicletas, principalmente durante la noche, con el propósito de evitar los controles policiales.
Una vez en los municipios de destino, los presuntos integrantes de la organización distribuían los estupefacientes mediante la modalidad de entrega a domicilio, coordinada a través de contactos telefónicos con los compradores.
Según las autoridades, estas actividades ilegales habrían generado ganancias superiores a los 1.100 millones de pesos para la organización.
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Las capturas fueron realizadas durante nueve diligencias de allanamiento adelantadas de manera conjunta por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército en diferentes sectores de San Gil.
Durante las audiencias concentradas, el ente acusador imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las autoridades señalaron que este operativo representa uno de los golpes más importantes contra las estructuras dedicadas al microtráfico y a la violencia asociada a la disputa por el control territorial en esta zona del sur de Santander.
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