Una grave situación se registra desde hace seis días en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón (Santander), donde dos internos del patio 4 se cosieron la boca como forma de protesta para exigir su traslado a establecimientos carcelarios más cercanos a sus familias.
El hecho fue confirmado por Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios en la región, quien explicó que, ante la huelga de hambre y la drástica medida de los internos, se activaron los protocolos médicos y legales establecidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el fin de proteger la vida y la salud de los reclusos.
“Se iniciaron los procedimientos correspondientes para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los internos y, desde el punto de vista legal, se elevaron las solicitudes ante la Dirección General del Inpec”, señaló Mantilla.
El defensor también aclaró que los traslados de personas privadas de la libertad no dependen de los directores de las cárceles, sino de una oficina especializada del Inpec conocida como la Coordinación de Asuntos Penitenciarios.
Esta dependencia evalúa cada solicitud con base en una serie de requisitos, como que el interno haya permanecido al menos un año en el penal donde se encuentra y que el establecimiento de destino no presente hacinamiento, condición que suele limitar las posibilidades de traslado.
Los dos internos argumentan su solicitud en la necesidad de mantener el acercamiento familiar, un derecho reconocido por la Corte Constitucional como elemento esencial en el proceso de resocialización de los condenados. Sin embargo, el defensor de los derechos carcelarios advirtió que las vías de hecho no son el mecanismo adecuado para presionar este tipo de decisiones.
“Esa presión no puede ejercerse sobre un director de cárcel, porque él no es quien autoriza los traslados. Esperamos que todo se solucione pronto, protegiendo los derechos de los internos y garantizando la convivencia pacífica dentro del concepto de una prisión viva y humana”, añadió.
Por ahora, los reclusos, uno oriundo de Villavicencio y otro de Barranquilla, continúan bajo supervisión médica, mientras la Coordinación de Asuntos Penitenciarios del Inpec evalúa si procede o no la solicitud de traslado.
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