Un entrenador y árbitro de fútbol fue capturado en Girón, Santander, y judicializado por la Fiscalía General de la Nación por hechos que estarían relacionados con la producción y distribución de material de contenido sexual en el que aparecen menores de edad.
El procesado fue identificado como Edwin Fabián Cardona Baquero, quien, de acuerdo con la investigación, habría aprovechado su actividad como entrenador y árbitro para acercarse a niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables del área metropolitana de Bucaramanga y ganarse su confianza.
Según la Fiscalía, entre 2023 y 2026 el hombre habría realizado fotografías y videos de contenido sexual en los que estarían involucrados menores de edad. Estos archivos, presuntamente, eran almacenados y posteriormente compartidos mediante dispositivos electrónicos.
Dentro de la investigación también se conoció otra modalidad que habría utilizado el procesado para acercarse a algunas jóvenes.
Según el ente acusador, en determinadas ocasiones Cardona Baquero se habría presentado como propietario de una agencia de modelaje y habría ofrecido supuestas oportunidades laborales.
Bajo ese argumento, presuntamente les solicitaba fotografías íntimas con la promesa de que podrían servir para acceder a oportunidades de trabajo.
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La Fiscalía investiga estos hechos como parte de un mismo proceso y busca establecer el número de menores que pudieron haber sido afectados.
Durante el procedimiento de captura, realizado por la Policía Nacional en Girón, fueron incautados tres teléfonos celulares, siete memorias USB y un computador portátil.
Los dispositivos quedaron bajo custodia de las autoridades y serán objeto de análisis para determinar qué información contienen y establecer si existen más registros relacionados con los hechos investigados.
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Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes presentó a Cardona Baquero ante un juez penal de control de garantías.
La Fiscalía le imputó el delito de pornografía con persona menor de 18 años. El procesado no aceptó los cargos y el juez impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.
Las autoridades avanzan en la investigación para determinar el alcance de las conductas atribuidas al procesado y establecer si existen otras posibles víctimas.