Es un avance para la verdad: familia del niño Kevin Acosta tras informe de la Procuraduría

El equipo jurídico de Wilson Ruiz, que representa a la familia de Kevin Acosta de 7 años, celebró el reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que confirma la existencia de omisiones en el sistema de salud en este caso.A través de un comunicado, los abogados destacaron que la decisión disciplinaria del Ministerio Público respalda los argumentos que han venido exponiendo sobre presuntas fallas en la atención por parte de la Nueva EPS, que habrían derivado en la muerte del paciente.“En cabeza del doctor Wilson Ruiz hemos venido adelantando las acciones judiciales, iniciando procesos ante varios tribunales que están avanzando. La decisión de la Procuraduría afianza los argumentos que nosotros hemos planteado y evidencia que hubo una omisión por parte de funcionarios de la Nueva EPS en el tratamiento de Kevin y, como consecuencia, se produjo su muerte", aseguró en ese sentido el abogado Manuel Villanueva, representante de la familia y miembro del equipo jurídicoEs de recordar que Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia, falleció en febrero de 2026 luego de complicaciones derivadas de un golpe en la cabeza que sufrió mientras montaba bicicleta. Pese a la urgencia del caso, permaneció varias horas en una clínica sin recibir el tratamiento especializado que requería ni ser trasladado oportunamente a un centro de mayor complejidad, lo que agravó su estado de salud hasta llevarlo a una condición crític"No solo estamos en el proceso de representación de víctimas, sino también en el contencioso administrativo, donde ya existe una demanda contra el Estado. Este fallo confirma la omisión de los funcionarios. Hay que recordar que la Nueva EPS es una entidad de economía mixta y recientemente sus funcionarios pasaron a ser considerados servidores públicos", enfatizó Villanueva.Actualmente se espera respuesta de cuatro instancias judiciales diferentes según el caso de Kevin Arley, lo cuál implica que los funcionarios tienen la responsabilidad de suministrar los medicamentos y responder por sus conductas, según manda la ley y dicha omisión en la atención prioritaria genera una responsabilidad mayor.El equipo jurídico reiteró que continuará impulsando acciones penales y administrativas con el objetivo de esclarecer los hechos, obtener justicia para la familia y evitar que situaciones similares se repitan en el sistema de salud colombiano.