Después de las denuncias de habitantes de las veredas Caracol, Ramada, Ciral y del corregimiento Laguna de Ortices, en San Andrés, Santander, por los retrasos en la construcción de un puente que esperan desde hace cerca de tres años y medio, la Gobernación anunció que este martes 15 de septiembre se reactivaron las obras.
La secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, explicó que el proyecto fue recibido por la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus en el marco de una emergencia por calamidad pública. Sin embargo, durante la ejecución se presentó un nuevo deslizamiento en el talud donde estaba previsto construir uno de los estribos, lo que obligó a modificar el diseño inicial.
Según la funcionaria, el cambio aumentó la longitud requerida para el puente y llevó a una adición de $5.000 millones, recursos que, aseguró, fueron asignados por el gobernador para evitar que la obra quedara inconclusa.
Mendoza señaló que las condiciones geológicas de la zona también han dificultado el avance. El sector donde se construye la estructura se encuentra en un cañón con fallas geológicas activas, situación que ha obligado a suspender trabajos para realizar intervenciones en los taludes y garantizar el acceso al sitio.
“Como parte de estas acciones, la Oficina de Gestión del Riesgo ha destinado más de 800 horas de maquinaria para facilitar el ingreso al lugar donde se ejecuta el proyecto. Mientras tanto, parte de la estructura metálica del puente ha sido ensamblada en taller y está pendiente el proceso de izaje, es decir, el montaje de la estructura en el sitio”, señaló Mendoza.
“De igual forma con una adición en tiempo, una prórroga en tiempo de tres meses para que en diciembre de 2026 podamos contar con esta infraestructura y servicio en las comunidades”, afirmó Mendoza.
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La funcionaria también advirtió que el puente requiere obras complementarias para garantizar la estabilidad del terreno. En el talud superior del estribo fueron identificados cuatro nacimientos de agua que están generando procesos de erosión activa, por lo que se requieren trabajos de mitigación y anclajes cuyo costo supera los $20.000 millones.
Frente a esta situación, la Gobernación pidió al municipio y al Gobierno Nacional articular recursos para atender las condiciones del terreno. Mendoza sostuvo que el departamento se ha concentrado en garantizar que el puente cumpla con los estudios y estándares técnicos y de sismorresistencia establecidos por la normativa colombiana.