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El director ejecutivo de Prosantander, Juan Pablo Remolina, calificó como “una decisión sensata” la derogatoria de la tasa de seguridad anunciada por la Gobernación de Santander, que estaba prevista para cobrarse desde septiembre a través de la factura de energía en los estratos 4, 5 y 6.
Remolina señaló que la coyuntura económica del país no es propicia para imponer nuevas cargas tributarias a los ciudadanos y empresarios.
“En este momento la carga tributaria es muy alta para los empresarios y para la ciudadanía en general, sobre todo en un escenario donde no hay crecimiento económico, no hay inversión y los indicadores de crecimiento son muy bajos. Subir o establecer una tasa adicional es una decisión muy compleja”, dijo en entrevista con Blu Radio.
El dirigente gremial reconoció que Santander requiere recursos para financiar proyectos estratégicos, en especial en materia de seguridad. En ese sentido, destacó alternativas como los aportes voluntarios de los ciudadanos y empresarios, modelo que ya ha sido implementado en Antioquia.
“Habrá que revisar cómo se hacen las contribuciones para que el gobierno departamental pueda llevar a cabo proyectos como el Centro de Coordinación en Seguridad (CEGES) que impulsa el gobernador”, precisó.
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