El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga sancionó por desacato a tres funcionarios por el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas para proteger el inmueble donde permanece inconcluso el Portal de Metrolínea de Floridablanca, conocido como Papi Quiero Piña.
La decisión establece una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los sancionados: Emiro José Castro Meza, representante legal de Metrolínea S.A.; José Fernando Sánchez Carvajal, alcalde de Floridablanca, y Andrés Ernesto Puentes Parra, subcomandante de la Estación de Policía de Floridablanca.
El proceso se originó en una acción de defensa de derechos e intereses colectivos presentada por Marco Antonio Velásquez, quien solicitó la protección de derechos relacionados con el ambiente sano, la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad pública y la defensa del patrimonio público, ante el abandono del proyecto del Portal de Floridablanca, inconcluso desde 2012.
El juzgado había ordenado desde diciembre de 2025 y enero de 2026 la adopción de medidas para proteger el inmueble. A Metrolínea le correspondía realizar la poda de la maleza, garantizar el cierre total del acceso y disponer de vigilancia permanente las 24 horas.
Por su parte, al alcalde de Floridablanca y a la Policía Nacional se les ordenó coordinar acciones para garantizar vigilancia y presencia permanente en los alrededores y zonas externas del portal, además de presentar informes semanales con registro fotográfico.
Sin embargo, una inspección realizada el pasado 5 de agosto por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander evidenció que las medidas no se estaban cumpliendo.
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Según el informe citado por el juzgado, el predio permanecía abierto, sin portones de seguridad, cerrojos ni vigilancia privada, lo que permitía el ingreso de peatones y vehículos. Además, buena parte del cerramiento perimetral estaba destruido, colapsado o había desaparecido.
Durante la inspección también se encontró presencia de personas en condición de habitabilidad de calle y consumidores de sustancias psicoactivas dentro de la estructura. El despacho judicial además evidenció la sustracción progresiva de elementos metálicos y de madera de la obra, así como una proliferación extrema de maleza, acumulación de escombros y condiciones de insalubridad.
Frente a los argumentos presentados por los funcionarios, el juzgado concluyó que existió un incumplimiento de las órdenes judiciales, al considerar que los involucrados conocían las medidas y no demostraron una imposibilidad absoluta para ejecutarlas.
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En el caso de Metrolínea, el representante legal argumentó limitaciones financieras para mantener el servicio de vigilancia privada. Sin embargo, el despacho señaló que la falta de presupuesto no justificaba suspender unilateralmente una orden judicial vigente. Las acciones de poda y reparaciones parciales realizadas fueron consideradas insuficientes.
Respecto al alcalde de Floridablanca, el juzgado determinó que, como máxima autoridad de Policía del municipio, no garantizó materialmente la vigilancia y presencia permanente en las zonas externas del predio.
En cuanto al subcomandante de la Estación de Policía de Floridablanca, el despacho concluyó que los informes periódicos enviados por la institución no reemplazaban la obligación de desplegar acciones reales y permanentes para impedir el ingreso de terceros y el consumo de sustancias dentro del inmueble.
El juzgado también recordó que, durante una audiencia realizada el 17 de junio, los funcionarios habían sido advertidos directamente sobre el saqueo del predio y la falta de respuesta efectiva. Pese a esa advertencia, la situación persistió hasta la inspección de agosto.
Para Marco Antonio Velásquez, demandante dentro del proceso, la decisión evidencia el deterioro que ha sufrido el inmueble y el presunto detrimento de los recursos públicos invertidos en una obra que permanece inconclusa.
“Lo único que se encontró fue un detrimento, un daño patrimonial a los dineros del pueblo del Área Metropolitana”, señaló Velásquez, quien insistió en que las autoridades deberán cumplir las órdenes de cerramiento, sellamiento y vigilancia.
El Portal de Floridablanca, conocido como Papi Quiero Piña, permanece como uno de los proyectos inconclusos del sistema de transporte metropolitano, con una estructura que, según las autoridades judiciales, continúa expuesta al deterioro, el vandalismo y el ingreso no autorizado.