La crisis que atraviesa Metrolínea sumó un nuevo capítulo. Los veedores ciudadanos Ramiro Vásquez Giraldo e Ismael Orozco Sánchez interpusieron una acción de tutela contra los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como contra la gerencia de Metrolínea, al considerar que no han recibido respuestas oportunas y de fondo sobre la situación que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo.
Los accionantes aseguran que el pasado 14 de mayo radicaron una solicitud de información relacionada con la operación, funcionamiento, sostenibilidad y diversos hechos asociados al sistema de transporte, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuestas completas por parte de los integrantes de la junta directiva y la administración de Metrolínea.
Según la tutela, los veedores consideran vulnerado su derecho fundamental de petición y el acceso a información pública, al señalar que los alcaldes metropolitanos, en su calidad de miembros de la junta directiva de Metrolínea, también deben responder por las decisiones y la situación actual del sistema.
"Por la serie de sucesos que han acaecido últimamente en Metroruina, porque los incendios, nadie responde por los incendios, se han perdido un poco de buzos que que debieron haber sido chatarrizados en un debido proceso y eso nunca lo hicieron, no se sabe quién responde por ellos. En la carta que nosotros le mandamos a los alcaldes solicitándole, ahí están las preguntas que le estamos haciendo, ninguno ha querido responder", dijo el veedor, Ramiro Vásquez.
Dentro de los documentos allegados al proceso, la Alcaldía de Floridablanca informó que gran parte de la información requerida corresponde directamente a Metrolínea S.A., argumentando que la empresa es la responsable de la operación, los contratos de concesión, la sostenibilidad financiera y los procesos administrativos relacionados con el servicio de transporte masivo. Por esta razón, trasladó la solicitud a la entidad para que emitiera una respuesta de fondo.
Sin embargo, los veedores consideran insuficiente esa respuesta y sostienen que tanto los alcaldes como la gerencia del sistema deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre el manejo de Metrolínea, especialmente en momentos en que el modelo enfrenta dificultades financieras, reducción de rutas, problemas operativos y cuestionamientos sobre su viabilidad futura.
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"El único que respondió y de mala manera, fue el alcalde de Floridablanca que le dio traslado para que no responda al Tránsito de Bucaramanga. Pero es que resulta que Metrolínea, la junta directiva, son los cuatro alcaldes, Florida, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga y ellos son los jefes del gerente de Metrolínea. Entonces, el director del tránsito de Florida no tiene nada que ver con Metrolínea. Él es un agente de tránsito, no tiene nada que ver", señaló Vasquez.
La acción judicial fue radicada este 9 de junio en el Palacio de Justicia de Bucaramanga y busca que se ordene a los mandatarios locales y a la gerencia del sistema responder de manera clara, completa y oportuna las inquietudes formuladas por los ciudadanos.
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La situación se presenta en medio de la incertidumbre que rodea a Metrolínea desde hace varios años. El sistema, que fue concebido para transformar la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga, enfrenta una compleja crisis financiera y operativa que ha derivado en la salida de operadores, disminución de frecuencias y reiterados llamados de distintos sectores para definir un plan de salvamento o una alternativa de transporte para miles de usuarios.
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